El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el gobierno federal actuará en contra de los funcionarios de administraciones panistas que permitieron la operación ilegal de casinos, salas de juego y sorteos, que, de acuerdo con información de los sistemas de inteligencia, son ocupados por la delincuencia organizada para sus acciones criminales.

Al comparecer en el Senado y luego de cuatro horas en que escuchó críticas y cuestionamientos de perredistas, y sobre todo de panistas, Osorio recalcó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no está volteando la vista atrás para generar un conflicto político, pero tiene que actuar en el marco de la ley.

Expuso que encontró 32 permisos que amparan 700 posibilidades para abrir salas de juegos y sorteos en el país y muchos de ellos se ubican en aquellos estados con mayor incidencia delictiva, por lo que se retirarán las autorizaciones que les permiten operar.

Lo anterior lo comentó en respuesta a la pregunta de un legislador del PRI, que sonó a advertencia del funcionario, luego de la participación del senador panista Roberto Gil Zuarth, quien mostró cifras que hablan de subejercicios en materia de seguridad pública y lo acusó de presumir logros en el combate al crimen organizado que en realidad son del gobierno de Felipe Calderón.

Su informe dice que a julio de 2013 usted había ejercido 6 millones de 246 millones autorizados para la estrategia contra el secuestro, menos de 3 por ciento. No le extrañe que ese delito vaya al alza, le dijo. El funcionario intentó rebatir el dato, pero Gil le replicó: Son datos oficiales, firmados por usted.

Antes, el perredista Armando Ríos Piter pidió explicaciones de por qué se registran en el informe de Peña Nieto sólo 561 secuestros cuando la encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) documenta 160 mil casos.

Gil Zuarth le advirtió que su bancada no aprobará más impuestos y que la iniciativa energética no pasa si antes no se aprueba la reforma política. Remató: En el PAN le queremos ayudar, díganos que necesita, antes de que lo rebase definitivamente la realidad o lo rebase Videgaray.

En voz de Javier Corral, los panistas criticaron también que el fallo en contener el avance del crimen organizado lo acallen mediante campañas y el silencio cómplice de gobernadores y medios controlados por éstos de no contar los asesinatos, extorsiones y secuestros. Desaparecieron los ejecutómetros.

En su intervención inicial, Osorio Chong dijo que el gobierno federal seguirá alentando la vigencia del Pacto por México, porque con sus acuerdos han permitido recobrar el valor de la política.

Corral, sin embargo, le dijo que lo ha malinterpretado porque cree que ese pacto es para todo el sexenio, cuando antes del primer año está llegando a su fin y por considerarlo como un sustituto del Congreso e ignorado a las cámaras como interlocutores ineludibles.

Los perredistas, en tanto, le exigieron rectificar el rumbo, ya que por las ansias de imponer reformas sin consenso, se pone en entredicho la gobernabilidad del país y se han abierto flancos en todos los frentes.

En nombre del PRD, el senador Manuel Camacho Solís demandó que se someta a referendo la modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales. No repitan el error de aprobar una reforma que será inaplicable. No dude usted que sabremos ejercer nuestro derecho constitucional a la consulta popular.

El coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, inquirió al funcionario sobre la privatización brutal que se pretende, no sólo con el petróleo, sino hasta con las cárceles, que también se convirtieron ya en negocios particulares.

La senadora Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, acusó al gobierno de Peña Nieto de practicar una política migratoria de exterminio en la que se desaparece, mutila y asesina a quienes cruzan por territorio nacional hacia Estados Unidos. Le reprochó también que se mantenga el Instituto Nacional de Migración.