La protección de los derechos humanos no significa bajo ninguna circunstancia la inacción del Estado para prevenir y luchar contra el crimen. Para enfrentar la delincuencia es legítimo de una sociedad democrática usar todos los recursos disponibles dentro del marco constitucional y de la ley.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Diego García-Sayán, agregó que a veces la idea que tienen algunos sectores sobre que la protección de los derechos implica abrir el camino para la impunidad, no sólo es incompatible, sino que se requiere un ámbito de seguridad interna que da a los Estados y a las organizaciones policiales y de justicia una responsabilidad muy grande en la protección de la sociedad.

En conferencia de prensa, el presidente de la CIDH sostuvo que encontrar el mecanismo de respuesta para atender la preocupación de la sociedad por la inseguridad, es una de los grandes preocupaciones sobre cómo hacerlo dentro del respeto a los derechos humanos y de la institucionalidad democrática, indicó.

Apuntó –a título personal–, que si bien es deseable que los órganos policiales se encarguen de combatir la delincuencia, en casos de excepción el derecho internacional abre la posibilidad de que se haga uso de las instituciones militares.

García-Sayán precisó que no existe una posición oficial de la Coidh sobre la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad interna.

Por otra parte, destacó que la reciente decisión del pleno de la SCJN de que la aplicación de tratados y resoluciones internacionales en materia de derechos humanos será factible, cuando las disposiciones no contravengan la Constitución del país, aclaró que tanto la reciente reforma constitucional en la materia como la decisión de los ministros mexicanos señalan que en todas las interpretaciones tiene que preferirse la que sea más favorable para los derechos humanos.

Es decir, hay responsabilidad en los tribunales para asegurar que en las disyuntivas entre la restricción y la protección, prevalezca la protección de los derechos humanos.

Respecto a la postura de la secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de que los militares acusados de cometer delitos graves contra civiles purguen prisión preventiva en cárceles castrenses y no en civiles –para proteger la vida de los milicianos-, García-Sayán dijo que la CIDH no tiene postura oficial al respecto.