or instrucciones de la presidenta Dilma Rousseff, la cancillería de Brasil exigió ayer al gobierno canadiense una explicación por el espionaje que la Agencia de Seguridad en Comunicación de Ottawa ha venido realizando hacia el Ministerio de Minas y Energía del país sudamericano, como se desprende de documentos obtenidos por el ex analista Edward Snowden, los cuales fueron dados a conocer el domingo pasado por TV Globo en colaboración con el periodista Glenn Greenwald, a quien Snowden se los confió. De acuerdo con la información, la interferencia de las comunicaciones internas de la dependencia brasileña se realizó por medio de un programa informático llamado Olympia, el cual permite rastrear llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Anteriormente, TV Globo y Greenwald habían dado a conocer que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos había espiado las telecomunicaciones de la propia Rousseff y de la empresa estatal Petrobras, así como del titular del Ejecutivo federal de México, Enrique Peña Nieto, cuando era candidato presidencial.

La información, escribió la mandataria brasileña en Twitter, confirma las razones económicas y estratégicas por detrás de tales actos, en referencia al espionaje, cuyos resultados habrían sido compartidos a los otros integrantes de la red Five Eyes (Cinco Ojos), compuesta, además del gobierno de Canadá, por los de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda.

Por lo demás, la revelación confirma la invalidez del pretexto usado por Estados Unidos y sus socios en el espionaje mundial, que esa actividad –delictiva y desleal– tiene por objeto prevenir ataques terroristas. Por el contrario, el hecho de que Canadá –desde cuyo territorio operan grandes corporaciones mineras transnacionales– espíe al ministerio brasileño del ramo es, a todas luces, indicativo de que Ottawa busca información confidencial que permita a esas corporaciones operar en condiciones ventajosas en los países donde tienen intereses, como Brasil.

Tal es también el caso de México: en un reportaje publicado el domingo pasado en estas páginas se hace un breve recuento de los desmesurados beneficios obtenidos en nuestro país por firmas mineras como First Majestic Silver, Fortuna Silver Mines, Continuum Resources, Timmis Gold, Starcore International Mines, Aurico Gold y Agnico-Eagle Mines, las cuales encuentran, en el territorio nacional, condiciones fiscales mucho más ventajosas que en su país de origen, como resultado de disposiciones y concesiones otorgadas por los gobiernos del ciclo neoliberal, desde el de Carlos Salinas hasta el actual.

Es inevitable preguntarse si, como ha ocurrido en Brasil, el espionaje canadiense haya venido interfiriendo las comunicaciones de las dependencias mexicanas encargadas de regular la actividad minera, y si las injustificables ventajas de que gozan las transnacionales del país norteamericano en nuestro territorio no son, al menos en parte, resultado de una labor semejante, la cual habría podido poner en manos de esas corporaciones información estratégica y privilegiada.

En lo inmediato, resulta a todas luces necesario que el gobierno mexicano emprenda una investigación a fondo sobre la seguridad informática de todas sus dependencias, y que actúe con mayor contundencia y firmeza ante las pruebas de las acciones hostiles encubiertas que realizan en su contra quienes en público se ostentan como sus amigos y aliados.