Las medidas cautelares en favor de los refugios que protegen a los migrantes no han servido para frenar la violencia en contra de dicho sector, pues mientras algunos agentes de policía se dedican a custodiar esas instalaciones, los grupos criminales siguen victimizando a los indocumentados en los caminos que ellos recorren todos los días, lamentó fray Tomás González, director del albergue La 72.

Por alguna razón, cuando nos dictan medidas cautelares, ellos (los delincuentes) aprovechan más. El albergue ahora está hecho un búnker, porque tiene cámaras, iluminación en el perímetro, agentes en los alrededores, pero de todas maneras ellos siguen haciendo sus fechorías allá afuera, señaló el religioso en entrevista con La Jornada.

De forma paradójica, utilizar recursos para cuidar a los migrantes que se encuentran en los refugios especiales ha sido aprovechado por los criminales para agredir a otros en los lugares de tránsito hacia la frontera con Estados Unidos, lejos de la atención pública y de la presencia de las autoridades.

“Nos amenazan aquí porque nosotros vivimos aquí, pero el peligro real está en la ruta migratoria. Parece que la ayuda que recibimos es para callarnos, como si dijeran ‘¿quieren seguridad?’, ahí la tienen’. Sí, pero afuera ¿qué pasa? Los defensores no somos la prioridad, son los migrantes”, enfatizó González.

El director de La 72 –quien ha recibido varias amenazas por su labor en Tenosique, igual que Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano– manifestó que los actos de intimidación en su contra no han cesado, pues apenas hace una semana detectaron a un hombre que se dedicaba a enganchar indocumentados dentro del mismo albergue.

La causa de todo esto es que los migrantes siguen siendo una mercancía que deja mucho dinero en el bolso de los criminales y de las autoridades, que reciben su parte para dejarlos actuar. Estamos frente a un entorno de gran corrupción en donde instrumentos como el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos han fracasado, apuntó.