Guanajuato, Gto., 3 de octubre.

El Congreso local aprobó sancionar con inhabilitación hasta por 20 años a funcionarios acusados de corrupción, y aplicar a personas morales y físicas multas superiores a 122 millones pesos.

En los seis años recientes, el Poder Legislativo estatal presentó 150 denuncias penales por daño patrimonial superior a 76 millones de pesos; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado archivó y reservó 53 por ciento de las querellas.

De las 150 denuncias por delitos cometidos en agravio del gobierno estatal y de los municipales, 54 fueron archivadas, 13 están reservadas, 53 están en trámite de investigación, 24 ya fueron consignadas ante un juez y seis están incompletas.

Las sanciones fueron propuestas por el gobernador Miguel Márquez Márquez en una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y crear la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

La Ley de Responsabilidades consideraba una inhabilitación máxima de 10 años, y con la reforma se elevó a 20 años. Además, se aplicará una multa hasta de tres veces el monto del daño o lucro, cuando sea superior a los mil salarios mínimos.

La reforma también faculta a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para aplicar sanciones administrativas a presidentes municipales y regidores que hagan mal uso del dinero estatal o federal.

La Ley Anticorrupción además prevé que las empresas y personas físicas que incurran en faltas administrativas serán inhabilitadas para participar en contrataciones públicas en el estado por un periodo que no será menor de seis meses ni mayor de 20 años.

En campaña y al inicio de su mandato, Miguel Márquez prometió meter a la cárcel a los funcionarios que tocaran el dinero sagrado de los guanajuatenses. Sin embargo, no ha enviado iniciativas para endurecer las sanciones por tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entre otros delitos.

El Código Penal del estado sólo considera delito grave la tortura y el peculado cuando su monto exceda 800 veces el salario mínimo general vigente en el estado.

En la entidad, pedir dádivas se castiga con penas de dos a seis años de cárcel; el enriquecimiento ilícito, con prisión de tres a 12 años, tráfico de influencias, de seis a cuatro años, y abuso de autoridad, de dos a ocho años, lo que permite a los inculpados obtener fianza.