Buenos Aires, 28 de septiembre.

En evidente respuesta a una solicitud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para acelerar la aplicación de un memorando de entendimiento firmado con Irán, en enero pasado, por la investigación del atentado en la mutual judía AMIA de 1994, el nuevo canciller iraní Javad Zarif informó a su par argentino Héctor Timerman que su gobierno-Hassan Rohani- aprobó dicho acuerdo.

El encuentro entre ambos ministros sucedió en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y se difundió por medios oficiales aquí, lo que permitirá avanzar en la investigación del cruento atentado contra la Amia en julio de 1994, la que se ha visto distorsionada y obstaculizada una y otra vez,por interferencias e intereses externos.

Esto no significa la inmediata entrada en vigencia del acuerdo que permitirá a la justicia argentina ir a Teherán para indagar a un grupo de ex funcionarios y diplomáticos iraníes, a quienes se acusa, por responsabilidad en el atentado que hizo implosionar a la sede de la Amia en 1994, dejando 85 muertos, heridos y severos daños.

Aún se necesitan “intercambiar las cartas reversales" y Argentina solicitó además establecer los plazos necesarios para conformar una llamada Comisión de la Verdad con reconocidas personalidades internacionales, sin intereses en niguno de los dos países.

Deberá fijarse también la fecha en que los magistrados argentinos podrían interrogar y obtener testimonios y declaraciones a los cinco iraníes imputados, ya que la justicia iranía advierte que no existen pruebas concretas.

Ambos cancilleres acordaron puntos específicos para cumplir con lo establecido en el documento, lo que requiere una serie de consultas con los gobiernos, por lo cual se decidió un cuarto intermedio hasta una próxima y no lejana reunión.

La Comisión de la Verdad, pensada por el gobierno argentino para dar aún más transparencia a esta causa, que ha tenido tantas irregularidades desde sus comienzos, tendrá cinco juristas que estudiarán los expedientes judiciales sobre el atentado y las presuntas o reales evidencias sobre cada uno de los acusados.

Y será con base a estas evidencias que vajarían a Teherán el fiscal Alberto Nisman, y el juez Rodolfo Canicoba Corral y sus equipos para interrogar a los cinco acusados, que tienen un pedido de captura internacional por medio de Interpol, lo que Irán no acepta.

El memorando se firmó el 27 de enero de este año, entre el gobierno de Fernández y el ex presidente Mahmud Ajmadineyad, y tres meses después fue ratificado por el Congreso argentino.

A su vez, el gobierno de Ajmadineyad ratificó por decreto la decisión iraní, pero Argentina esperaba el aval del parlamento de ese país.

Desde los primeros momentos la poderosa Delegación de Asociaciones Israelíes-Argentinas (DAIA) y las dirigentes de la mutual judía AMIA rechazaron este acuerdo con Irán para avanzar con el juicio por el atentado a la AMIA y advirtieron que la creación de una comisión especial "no está contemplada en las leyes argentinas que regulan el proceso penal”.

Consideraron como “una declinación de nuestra soberanía y un reconocimiento de que las conclusiones a las que se llegó en la investigación judicial, y que dieron lugar a los pedidos de captura de Interpol, no son la verdad", en un comunicado conjunto, que causó escozores en el gobierno argentino.

Por otra parte advirtieron que "ignorar todo lo actuado por la justicia argentina y remplazarlo por una comisión que, en el mejor de los casos, emitirá, sin plazo definido, una recomendación a las partes, constituye, sin dudas, un retroceso en el objetivo común de obtener justicia", aunque no era ese precisamente el planteo argentino en el memomorando.

Por su parte el canciller Timerman calificó en esos momentos como"histórico" el acuerdo logrado porque "por primera vez los sospechosos por la Justicia Argentina van a poder ser interrogados por el juez y el fiscal de la causa"

La DAIA y la AMIA no mencionaban que el juicio realizado en Argentina desde 1994 debió ser cerrado por gravísimas irregularidades, falsedades y otras de la que participó el dirigente máximo de la primera de estas institucione ,Rubén Barajas.

Además en el curso del juicio fueron entrevistados testigos protegidos por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, países ambos que acusaron a Irán desde el primer momento sin investigar y sin pruebas.

Luego se conoció que un delincuente local recibió 400 mil dólares para que acusara a un diplomático iraní y a oficiales policiales locales que debieron ser liberados al comprobarse la falsedad de estas acusaciones.

Otro escándalo fue el pedido a Gran Bretaña de la extradición del ex embajador iraní en Argentina Haadi Soleimanpur, que fue detenido en Londres a la espera de las pruebas que debía mandar la justicia argentina, las que una vez recibidas resultaron insuficientes.

Gran Bretaña debió pagar casi 200 mil libras esterlinas al diplomático por haber sido detenido sin causa verdadera. También un pedido anterior a Interpol, fue devuelto por falta de pruebas concretas.

Esto llevó a que durante el gobierno del ya fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2207) el juico por la invetigación del atentado a la AMIA fuera cerrado y el juez que llevó es acusa Juan José Galeano destituido, junto a todo su equipo.

De ese mismo equipo sobrevivió el actual fiscal Nisman, quien recientemente envió un pliego de acusación, que respondía en sus términos a las mismas que hacen Estados Unidos e Israel a Irán, incluso sosteniendo que había prácticamente comandos iraníes en diversos países de América Latina.

Semejante situación es lo que llevó a buscar un camino transparente, para encontrar la verdad, ya que como señalaron diplomáticos iraníes, entre ellos el propio Soleimanpur “estuvimos dispuestos a colaborar desde el principio, pero muchos de nuestros funcionarios fueron acusados sin pruebas, sólo con argumentos que advertían la decisión de hacernos responsables por necesidades d de intereses ajenos.

Nosotros tenemos todas las constancias de lo que decimos y estamos decididos a ayudar, pero hay quienes no quieren la verdad y no son las víctimas, que sí la necesitan".