Un juzgado federal canceló este martes el auto de formal prisión que enfrentaba la ex lideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, debido a que, entre otras cosas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incumplió con el debido proceso al no haber presentado, en tiempo y forma, una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la maestra, informaron funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF).

Sin embargo, dicho amparo no concede la inmediata libertad de Gordillo y aún puede ser impugnado por la PGR ante un tribunal colegiado de circuito.

De su lado, fuentes del Consejo de la Judicatura Federal indicaron que los comunicados emitidos por ese órgano colegiado de ninguna manera son muestra de parcialidad a favor de la procesada, sino se dan en función de un mecanismo de comunicación social que consigna hechos referentes a resoluciones judiciales que tienen carácter públicos.

Francisco Javier Sarabia, juez cuarto de amparo en materia penal, resolvió ayer que fue ilegal el auto de formal prisión dictado por su colega el juez Alejandro Caballero Vértiz contra Gordillo y dos de sus coacusados, tanto por lavado de dinero, como por delincuencia organizada, que son los delitos que hasta ahora se les imputan y los mantienen en prisión.

Si el amparo es confirmado por un tribunal colegiado de circuito, el efecto será que el juez Caballero dicte un nuevo auto, que podrá ser otra vez de formal prisión, pero corrigiendo los defectos detectados en el amparo, o de libertad.

De acuerdo con una ficha informativa difundida por el Consejo de Judicatura Federal y que fue elaborada por el juzgado cuarto de distrito de amparo en la ciudad de México, la cancelación de la formal prisión implicará que el juez encargado del proceso penal contra la maestra queda en facultades jurisdiccionales para revisar si existe forma de enmendarle la plana a los errores de procedibilidad legal en que incurrió Hacienda y la PGR.

La simple falta de querella pudo motivar la libertad inmediata de la maestra, ya que se trata de una violación procesal grave, pero el juzgado cuarto de distrito de amparo optó por dejar abierta la posibilidad de que su colega del juzgado de distrito de procesos penales federales revise si aún puede salvarse el proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Gordillo.