Jorge Antonio Luna Calderón, titular desde febrero pasado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia (Ueidcspaj) de la Procuraduría General de la República (PGR), es investigado por la Visitaduría de esa dependencia por presunto conflicto de intereses, ya que tiene a su cargo una indagación contra ex funcionarios de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y directivos de varias recuperadoras de créditos para vivienda, a pesar de que fue abogado de los denunciados.

De acuerdo con fuentes de la PGR, la irregularidad que un grupo de litigantes atribuye a Luna Calderón estriba en que seis meses antes de ser designado funcionario era apoderado legal de recuperadoras de créditos hipotecarios denominadas sociedades financieras de objeto limitado (Sofeles) y sociedades financieras de objeto limitado (Sofomes), amén de que el despacho jurídico que representaba fue beneficiario de la venta de cartera vencida que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda (Infonavit) otorgó a la persona moral denominada Recuperadora de Deuda Hipotecaria, S de RL de CV, según consta en documentos ministeriales a los que tuvo acceso La Jornada.

Como titular de la Ueidcspaj, Luna tiene a su cargo el desahogo de la averiguación previa PGR/UEIDCSPAJ/SP/M-XV/32/11 contra de Javier Gavito Mohar y de Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero, ex directivos de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) denunciados en febrero de 2010 por lavado de dinero, delito de fraccionadores inmobiliarios, fraude genérico y peculado.

En esa indagatoria también aparecen en calidad de presuntos responsables diversos directivos de Sofoles y Sofomes involucrados con la recuperación de cartera vencida de hipotecas.

Después de más de tres años de presentadas estas denuncias los imputados ni siquiera han sido citados a declarar ante la PGR.

La queja contra Luna, que deberá desahogar la Visitaduría de la PGR, fue presentada hace dos meses ante Renan Cleominio Zoreda Novelo, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de esa dependencia, quien se negó a retirar de la investigación al fiscal Luna.

El documento está firmado por José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, y está acompañada de más de 500 firmas.

Según consta en el escrito de queja, del que posee copia este diario, el H. Consejo de Administración del Infonavit aprobó en su resolución RCA-1284-09-05, del 24 de octubre de 2005, la denominada Estrategia de depuración de cartera vencida del instituto, en donde consta que el Infonavit vendió 18 mil créditos Hipotecarios al 11 por ciento de su valor a Recuperadora de Deuda Hipotecaria.

En ese documento se identifica a Jorge Luna Calderón (el actual fiscal) como representante legal de la firma Recuperadora de Créditos Hipotecarios.

La queja en la visitaduría refiere que “desde principios del año 2006 y hasta enero de 2013, el hoy titular de la Unidad en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR impuso la estrategia intimidatoria en contra de las familias endeudadas con un crédito hipotecario, para la recuperación ilegal de los 18 mil créditos inmobiliarios.

Lo anterior lo acreditamos con las siguientes acciones jurídicas: juicio especial hipotecario del expediente judicial 172/2011, en la que aparece Jorge Antonio Luna Calderón, en su carácter de apoderado legal de Recuperadora de Deuda Hipotecaria en contra de Zetina Celis Margarita; esta controversia jurídica se llevó acabo en el juzgado civil de primera instancia del noveno distrito judicial en el estado de Morelos, expusieron los quejosos.

Otro caso que citaron los quejosos fue el juicio especial hipotecario 04/2012 radicado en el juzgado quinto de lo civil de Pachuca, Hidalgo, en el que el 5 de febrero Luna Calderón fue beneficiario de la sentencia definitiva.

Entrevistado, Pérez Espinoza expuso que las ligas entre Luna y las sofoles-sofomes motivaron que el pasado 6 de agosto el funcionario de la PGR se negó a enviar el desglose de la averiguación previa a la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros, y se negó simplemente para proteger a ex clientes.