Las denuncias de hechos por manejos irregulares del presupuesto durante el último año, han resultado prácticamente ignoradas por la autoridad federal. De 2 mil 500 expedientes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que implica un número similar de denuncias, en sólo cuatro casos se han dictado inhabilitaciones administrativas.

El órgano fiscalizador presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) los expedientes referidos y a pesar de que en ellos se documentan actos de corrupción y desvíos públicos, el Ministerio Público sólo ha dado cauce favorable a la denuncia en una porción mínima.

La Comisión de Vigilancia la Cámara de Diputados, por conducto de su presidente, José Luis Muñóz Soria, anunció que a partir de ahora se endurecerá el seguimiento de los recursos de los fondos de salud y educación autorizados para el ejercicio fiscal del presente año, que fueron entregados a distintos estados y municipios y que debieron destinarse a otras áreas prioritarias.

Precisamente la diputada Elizabeth Yáñez (PAN), expuso en la pasada reunión ordinaria del grupo de trabajo las causas identificadas que propician que las inabilitaciones administrativas sean tan reducidas, y con ello se obstaculice fincar responsabilidades administrativas sancionatorias a funcionarios públicos.

El procedimiento por el cual la ASF pretende el castigo a funcionarios corruptos se sigue a través de las denuncias de hechos presentadas ante la PGR, que a su vez se encarga se elaborar los expedientes del caso, y de ahí se fincan los señalamientos legales contra los probables responsables.

No obstante Muñoz Soria refirió que resulta inexplicable un resultado tan pobre en cuanto a las inhabilitaciones administrativas y prometió: nos encargaremos de revisar qué es lo que ha pasado, porque después de tantas denuncias de hechos no tenemos casi sanciones.

Tal inoperancia de la acción de la justicia se podría solventar por medio de una propuesta de reforma de ley que modifique los tiempos que asumen las instancias de aplicación de la justicia para emprender procedimientos administrativos.

Con una modificación legal las denuncias presentadas por la ASF dejarían de ser consideradas de salvedad, que es el principal obstáculo para castigar a los responsables de mal uso de los recursos públicos.

“Una gran cantidad de la auditorías que elabora la ASF son reportadas como de salvedad, y eso significa que no existe la suficientemente documentación para documentar a fondo los hechos delictivos, o en su caso los fiscalizadores no tienen sus manos las pruebas necesarias.

Se tiene que romper esa inercia, porque cualquiera argumenta no tener en sus manos la documentación requerida por los auditores, y así se evade toda responsabilidad a la hora de presentar los informes.