Washington, 13 de septiembre.

En momentos en que la reforma a las leyes de inmigración está empantanada en el Congreso de Estados Unidos, defensores de inmigrantes intensifican la presión sobre el gobierno del presidente Barack Obama para que detenga las deportaciones o legalice el estatus de algunos de los 11 millones que viven sin documentos en el país.

Los activistas han comenzado a realizar actos de desobediencia civil, como el mes pasado en Phoenix, Arizona, donde bloquearon el paso de un autobús con inmigrantes detenidos. En tanto, líderes sindicales planean llevar el asunto ante un alto funcionario de la Casa Blanca en una próxima reunión.

Muchos activistas todavía tienen esperanza de que se alcance una solución legislativa, aunque por ahora pongan la mira en la Casa Blanca.

Si el Congreso no toma medidas, el presidente tiene el deber de hacer algo, dijo Ana Avendaño, directora de Inmigración y Actividades Comunitarias de la central sindical AFL-CIO. Que los republicanos hayan enterrado la cabeza en la arena no significa que las comunidades de inmigrantes no sufran el resquemor por las deportaciones constantes.

La posibilidad de una decisión ejecutiva sobre la migración ha despertado sospechas de los republicanos. Marco Rubio, representante de Florida, y otros advirtieron que Obama puede verse tentado a actuar por su cuenta para legalizar a algunas o a todas las personas que viven sin permiso legal en el país.

Creo que eso es exactamente lo que Obama quiere hacer. Pienso que desea que el Congreso no apruebe nada para poder hacerlo él y llevarse el triunfo, dijo el representante Raúl Labrador, republicano por Idaho, en una entrevista.

El gobierno actuó unilateralmente hace un año, cuando decidió suspender las deportaciones de inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos. Más de 450 mil se han beneficiado de esta medida hasta el momento.

Funcionarios de la Casa Blanca se niegan a discutir en público cualquier medida a futuro. “La única forma de sacar de las sombras a 11 millones de indocumentados es que el Congreso apruebe una reforma racional, dijo Bobby Whithorne, portavoz de la Casa Blanca.

Al preguntársele sobre el alto número de deportaciones durante su gobierno, Obama ha tratado de culpar al Congreso. Yo no soy un rey, declaró a la cadena de televisión hispana Telemundo este año.

Los activistas dicen que los funcionarios del gobierno no son más receptivos en privado, aunque Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Nacional de Obama, dijo que ha aceptado reunirse con líderes sindicales para tratar el tema, lo que se está programando, según un ejecutivo sindical que pidió no ser identificado.

En años recientes, las deportaciones en el gobierno de Obama suman cerca de 400 mil anuales, según la Policía de Inmigración y Aduanas. Activistas afirman que se debe detener la deportación de inmigrantes que cumplirían los requisitos para la ciudadanía bajo el proyecto de ley del Senado, que la Casa Blanca apoya.

Hay una clara contradicción en la postura del presidente, dijo Chris Newman, director de Asuntos Jurídicos de la Red Comunitaria de Trabajo y Acción Ambiental (NDLN, por su siglas en inglés). Lo que dice es que o los republicanos se sumarán al consenso sobre la vía a la ciudadanía o él está obligado a deportar gente. Esa es una situación insostenible.

A pesar del énfasis en una solución legislativa, funcionarios del gobierno han tomado medidas para ofrecer alivio a ciertos grupos de inmigrantes. Una directiva del ICE del mes pasado pidió a agentes que no hagan cumplir leyes que afecten innecesariamente a padres y personas a cargo de cuidar a otras.

Un memorándum interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de 2010 mostró que las autoridades estaban estudiando tomar medidas más amplias, como prorrogar las deportaciones y dar permiso de trabajo a millones de inmigrantes, sin ninguna medida del Congreso.

Aunque el documento enumeró varios puntos a favor de ese enfoque, también mencionaba varios puntos en contra. “Los que se oponen al programa de inscripción lo caracterizarán de ‘amnistía’ y la secretaria de Seguridad Nacional enfrentaría críticas de que hace dejación de su responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración”.