educiendo prestaciones, el sistema de seguridad social universal que Peña Nieto propaló desde la campaña presidencial de 2012 –acompañado por Santiago Levy, algunos intereses e intelectuales mediáticos–buscaba justificar socialmente el incremento del IVA y así suturar el hoyo fiscal que abriría su reforma energética.

La protesta social del magisterio y la inconformidad frente a su proyecto energético lo forzaron a no modificar el IVA en alimentos y medicinas, con lo cual su universalidad quedó reducida a otro parche más en la larga cadena de reformas sectoriales fallidas: IMSS (1997), Seguro Popular (2004) e Issste (2007).

El universalismo peñista se sirve de tres programas fiscalmente fondeados desde 2013: el Seguro Popular, 65 y Más y el Seguro para Jefas de Familia, mientras pretende remendar el impacto antilaboral de sus reformas con un escuálido seguro de desempleo temporal.

El seguro universal ya dispuso de 10 mil millones de pesos para la atención sexenal a la salud (Peña, Reforma, 21/7/13), más la cuantiosa bolsa del Seguro Popular; 26 mil millones para la pensión para el retiro (Presidencia de la República, 7/3/13) y 400 millones más para el Seguro para Madres (Presidencia de la República, 13/3/13).

El secretario Navarrete Prida comunicó que el seguro de desempleo temporal operará sólo para trabajadores formales después de haber laborado dos años ininterrumpidamente. Durará seis meses. En los primeros cuatro pagará 50 por ciento del salario, y en los dos restantes, un salario mínimo. Se podrá hacer efectivo una vez cada cinco años. Tendrá un costo anual de 10 mil millones de pesos y se fondeará con 3 por ciento de la aportación patronal al fondo de vivienda: 2 por ciento a una cuenta individual en Afore y uno por ciento a un fondo solidario. También contempla trabajadores que busquen pasar a la formalidad.

Ninguno de estos programas amplía el cuadro de derechos humanos en materia de salud y seguridad social integral al cargo del IMSS-Issste. Su universalidad no dilata derechos universales, ni actualiza el catálogo de titularidades a la altura ciudadana del siglo XX1.

Es una universalidad compactada a condiciones mínimas de bienestar para los jóvenes víctimas de la reforma laboral (noviembre, 2012), educativa (agosto, 2013) y financiera (septiembre, 2013). Para esa universalidad, el secretario Navarrete Prida signó con la OIT el convenio para un piso básico de protección social, suscrito por la CTM y la UNT. ¿Son universales mil pesos de pensión y un salario mínimo para el desempleado?

El ajuste sobre la oferta de campaña de Peña se operó a lo largo de julio de 2012 y septiembre de 2013. Inicialmente publicitó cuatro derechos exigibles que, ahora, redujo a tres: desapareció el seguro de riesgos de trabajo. Pero resulta que la atención a la salud ya está en el Pacto (compromiso 1, portabilidad y convergencia) que han asumido sin chistar los directores del IMSS-Issste bajo la rectoría de la Ssa. El seguro de desempleo, también anunciado en el pacto (compromiso 4) fue ahora presentado por Peña como temporal e incorporado a la reforma hacendaria. La pensión para el retiro (compromiso 3 del pacto) es el Programa 65 y Más.

El Seguro 2013 de Peña poco tiene que ver con la demagogia universalista y de derechos exigibles ofrecida electoralmente en 2012. Sigue beneficiando a las Afore y afecta, por el seguro de desempleo, los fondos de vivienda.

Mientras tanto, las prestaciones integrales de la seguridad social superviven en la inercia del IMSS-González Anaya e Issste-Lerdo de Tejada, bajo la consigna austera de no pedirle un centavo extra el gobierno federal. Hacer más con menos a costa de la comprometida calidad del servicio y salud de los derechohabientes. Además, ambos institutos deberán enfrentar incrementos en la demanda, con menos recursos, por el subsidio gubernamental a sus cuotas para atraer a la formalidad trabajadores que ganan dos salarios mínimos.

La coincidencia entre los pilares del menguado seguro universal de Peña y su verdadera política social electorera: la Cruzada Nacional contra el Hambre, es evidente. Vincularla con el Seguro Popular, según Mercedes Juan ( La Jornada, 8/5/13); priorizar en ella 800 mil beneficiarios en condiciones de pobreza extrema –durante 2013– del Programa 65 y Más, según Rosario Robles ( Reforma, 8/3/13) y ampliación paulatina del Seguro para Madres en municipios de zonas urbanas de mayor marginación incluidos en la cruzada, según Peña ( La Jornada, 14/3/13). El presupuesto para la pensión universal sumará, en 2014, 45 mil millones de pesos (26 mil, en 2013) y el Seguro para Jefas tendrá mil millones (400 en 2013).

Como en los tiempos del viejo PRI salinista, el incremento de recursos para la cruzada será también el del menguado seguro Universal. Este empate traza el futuro de la política social del peñismo y el nuevo PRI.

Con la universalidad de Peña los jóvenes recibirán menos prestaciones y menos servicios. En la gran pantalla publicitaria, la reforma hacendaria es una gran reforma social, hay más compactación que ampliación de derechos. Es menos de lo mismo. Sustancialmente, no hay tampoco nada más –en materia de una auténtica red de bienestar– para jubilados, pensionados y adultos mayores; nada más para los trabajadores activos y nada para los jóvenes víctimas de sus reformas antilaborales. Apenas una salud y seguridad social más ajustada a la baja con disfraz de universalidad.

¿Repetirá Peña en 2014 la amenaza del IVA y el fondo único en salud que impulsan Funsalud, AMIS y Banorte para abrirlo al mercado asegurador?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco