La propuesta conjunta del PAN y el PRD sobre la reforma electoral plantea un fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)y una ampliación de las salas regionales, que asumirían funciones de los tribunales estatales electorales. Esta propuesta va en consonancia con su planteamiento de crear el instituto nacional electoral como única instancia organizadora de elecciones.

Otro de los planteamientos centrales incorporados al ámbito electoral, teniendo como antecedente las fuertes críticas que hicieron a las deficiencias que denunciaron de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, radica en dotar de carácter autónomo a la Procuraduría General de la República, cuyo titular sería designado por el Senado de la República por mayoría calificada.

“La ley determinará –dice el documento– la especialización por materias del Ministerio Público, entre las que se incluirá la persecución de delitos electorales. El fiscal correspondiente será nombrado por la Cámara de Senadores, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, a propuesta del procurador.”

Durante los comicios de 2012 y los estatales de 2013, la queja recurrente del PAN y el PRD fue en contra de la inoperancia de las fiscalías para contener la compra y coacción del voto, así como la ineficacia para investigar presuntas desviaciones de recursos públicos a las campañas políticas del PRI. De ahí que en el ámbito electoral incorporen cambios sustanciales al carácter de la PGR y enfaticen en una designación de los titulares que involucre a las fuerzas políticas.

Y ya en esta lógica, plantean que el Ministerio Público de la Federación será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones.

En cuanto al TEPJF, en las propuestas son enfáticos en destacar que tanto la sala superior, como las regionales (en sus ámbitos y comicios de competencia) declararán la nulidad de una elección por la violación a los principios constitucionales y las causales establecidas en la ley, entre las que se contemplará el rebase a los topes de gastos de campaña, la utilización de recursos al margen de las normas electorales y las que establezcan el órgano electoral y la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas.

En el replanteamiento del esquema jurisdiccional, el PAN y el PRD omiten ya toda referencia a los tribunales estatales, enfatizando en que serán la sala superior y las salas regionales las que asuman plenamente las impugnaciones de las elecciones para jefe de Gobierno capitalino, gobernadores, diputados locales, alcaldes y delegados en el Distrito Federal.

Otro cambio importante es que a diferencia de la actual integración de siete magistrados, se estipula que la sala superior estará conformada por nueve magistrados y su presidente durará en el encargo cuatro años, en tanto que la designación sería por periodos de nueve años improrrogables, mismo periodo por el que serán elegidos los magistrados regionales.

En ambos casos, la designación deberá tener el respaldo de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República. En caso de que haya una vacante, se designará un sustituto que completará el periodo para el que fue elegido el anterior. Asimismo, se ratifica su facultad de determinar la inaplicabilidad de leyes cuando sean contrarias a la Constitución, notificando su decisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.