os asesinatos de corte político enmarcaron la numerosa y variada jornada de protesta que, con los profesores como eje, pero acompañados por otros sectores sociales también en lucha, se desarrolló ayer a lo largo del país. En la noche previa a lo que se denominó Paro Cívico Nacional, en el que participaron notables segmentos de miembros del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue ejecutado el profesor Everardo Hugo Hernández Guzmán, en un municipio conurbado a la capital de Oaxaca. El profesor Hernández era diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y pertenecía a la sección sindical 22, que ha sido motor de la lucha magisterial desarrollada en el Distrito Federal durante las semanas recientes. La tarde de ayer, mientras se libraban enfrentamientos en vialidades capitalinas entre profesores y granaderos, se conoció el asesinato en Michoacán del también diputado local perredista Osbaldo Esquivel Lucatero, médico de profesión.

Hernández Guzmán era, además, presidente electo de San Andrés Nueva Cabecera, donde, mediante comicios por partidos (pues antes las autoridades se designaban por el sistema de usos y costumbres) se impuso al grupo del priísta Efraín Cruz Bruno, quien fue asesinado el pasado junio durante un atentado en el que quedó lesionada Rosalía Palma, diputada local por el PRI y el PVEM, y una sobrina de ésta murió. Esos ataques forman parte de una larga lista de homicidios en Oaxaca relacionados con lo político, sobre todo contra opositores al sistema o defensores de sus comunidades. También en junio, por ejemplo, fue asesinado Nicolás Estrada Merino, quien presidía el consejo estatal del PRD. Y este domingo fue ejecutado un estudiante de 17 años, Carlos Zamora, hijo de Juan Pablo Zamora Bonilla, dirigente chinanteco del Consejo Indígena del Uxpanapa (nota de Octavio Vélez http://bit.ly/17rkmph ). A varios opositores se les ha hecho saber en estos días que hay una lista de candidatos a la ejecución.

Esquivel Lucatero fue presidente municipal de Buenavista Tomatlán, donde se han producido confrontaciones entre el Ejército y las policías comunitarias. Dos días atrás había señalado que a pesar de las declaraciones optimistas de los gobiernos federal y de Michoacán la situación seguía tensa en la Tierra Caliente (http://bit.ly/17QWegs). Un hermano del diputado local perredista fue lesionado durante el ataque, pero los primeros reportes señalaban que está fuera de peligro mortal.

El fantasma de los atentados políticos se fortalece al saber que fue puesto en reclusión domiciliaria José Antonio Zorrilla Pérez, quien este año sumó su nombre a la lista de beneficiarios de la selectiva generosidad judicial desatada con el advenimiento de la segunda etapa del PRI en el poder. Hidalguense, como algunos de los principales personajes del gabinete federal actual, fue sentenciado a 35 años de prisión por considerarlo autor intelectual de la trama que el 30 de mayo de 1984 terminó con la vida del bien informado periodista Manuel Buendía.

Zorrilla Pérez era titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) durante el gobierno que presidía Miguel de la Madrid y que tenía a Manuel Bartlett como secretario de Gobernación. La DFS era un brazo ejecutor poderoso y virtualmente impune de las políticas de persecución y exterminio de opositores políticos, sobre todo de los que habían optado por la lucha armada, y de combate o protección, según las circunstancias, de la floreciente industria del narcotráfico y sus ramificaciones políticas.

El columnista Buendía fue abatido en la ciudad de México para frenar la difusión de material informativo que evidenciaba que la narcopolítica había beneficiado incluso al habitante principal de Los Pinos. Según la sentencia formal, él fue el más alto eslabón en la cadena de mando que ordenó ese crimen, que siempre se ha considerado que fue de Estado. En 2009, habiendo cumplido sólo 19 años tras las rejas, Zorrilla Pérez obtuvo su libertad condicional, que le fue revocada meses después por trámites administrativos no cumplidos. Ahora, por razones de salud, podrá desahogar desde su domicilio lo que le resta de condena.

Rigor judicial, en cambio, fue aprobado por la cámara federal de diputados a título de una reforma financiera que en realidad es una miscelánea concebida para seguir favoreciendo a bancos e instituciones financieras. Con la zanahoria envenenada de que ahora habrá más créditos y menos onerosos, y a reserva de lo que el Senado decida al revisar lo autorizado en San Lázaro, se estaría en la tesitura de que hubiera cárcel, arraigo y secuestro de bienes en contra de personas que incumplieran el pago de sus compromisos crediticios.

A pesar de que la Constitución establece en su artículo 17 que nadie puede ser puesto en prisión por deudas de caracter puramente civil, los diputados federales aprobaron que, cuando se rompa el arraigo domiciliario fácilmente conseguible por los bancos, se impongan de seis meses a dos años de cárcel y una multa (el diputado Ricardo Monreal lo explicó en tribuna, http://bit.ly/1g1TKwP y también puede leerse en http://bit.ly/1e3VbhM ).

Y, sin embargo, Los Pinos ponía ayer oídos sordos a una protesta social que desplegaron profesores pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero también del oficialista SNTE y otros ciudadanos que resisten a la imposición de las reformas estructurales del peñismo. En todo el país, con diversos matices, se produjo una convergencia de inconformidad que la autoridad federal quiso menospreciar (gesto recurrente en este tramo de negociaciones con la CNTE) a la hora en que representantes de ciudadanos, que llegaron en dos marchas a las inmediaciones de Los Pinos, pretendieron abrir o restablecer vías de diálogo y negociación política.

A fin de cuentas, luego de choques con granaderos y la obstrucción de vialidades fundamentales de la capital del país, los profesores lograron que les sea programada una cita con el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¡Hasta mañana!

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