ómo no pensar en lo sucedido en Acteal hace 16 años al ver la caravana de desplazados llegar a este lugar emblemático, acompañada por la música melancólica de los musiqueros tzotziles y recibida por la procesión que lleva en andas a la Virgen de la Masacre, reliquia de la rústica ermita acribillada por los paramilitares en diciembre de 1997? ¿Cómo no se van a despertar memorias y abrirse heridas de recuerdos en los que vivieron algo tan terriblemente parecido en aquellos días aciagos? La Tierra Sagrada de Acteal, como desde entonces es internacionalmente conocida esta pequeña comunidad antes ignorada hasta en los mapas, había estado sin la presencia de desplazados desde 2001, cuando centenares de sobrevivientes de la matanza retornaron a sus hogares, hasta el 26 de agosto pasado, cuando 95 desplazados de la colonia Puebla llegaron a acogerse bajo su sombra protectora, poniéndose en manos de la inagotable solidaridad de sus hermanas y hermanos tzotziles.

Juan Vázquez Luna, hijo de Alonso Vázquez, el catequista líder de la comunidad de mártires del '97, dio la bienvenida a los desplazados, ofreciendo por segunda vez la tierra de sus mayores a los perseguidos que huyen de la muerte con rostro de paramilitar. Después de él, un miembro de la mesa directiva de Las Abejas dijo a los desplazados y a las decenas de personas solidarias – tzotziles y caxlanas- que los acompañaban: Alonso no ha muerto, por boca de su hijo es él quien los recibe ahora. Un punzante sentimiento, que apenas se balancea entre lo fresco y lo frío, atraviesa el corazón de los que escuchan estas palabras. ¿Esperanza que nace del constatar que la vida se sobrepone a la muerte? ¿O señal ominosa de que la historia se repite? Esperanza sin duda para quienes celebran el rito de la resurrección sobre un piso de cemento que cubre las tumbas de los 45. Pero la guerra no ha terminado.

Desde el 29 de abril en que las huestes del comisariado ejidal, pastor presbiteriano y ex (?) paramilitar Agustín Cruz Gómez tomaron por asalto el predio del templo católico, muchas voces denunciaron y alertaron que se estaba repitiendo la historia de 1997. Las advertencias se han ido cumpliendo como el compás de un reloj inexorable: finales de abril, intimidaciones y amenazas; de mayo a mediados de julio, denuncias que caen en los oídos sordos de las autoridades; 20 de julio, súbita escalada de la violencia, tres personas a punto de ser linchadas; 21 de julio, la población católica se queda sin agua y prácticamente sin alimentos, guardias montadas alrededor de la comunidad impiden la salida y el acceso a la misma; 8 de agosto, una caravana es impedida con violencia de entrar a Puebla; 20 de agosto, quema de la cocina comunitaria; 21 de agosto, el párroco de los católicos es secuestrado. Finalmente, el 23 de agosto, desplazamiento de 95 personas que deben salir de Puebla al amparo de la oscuridad y llevando consigo apenas algo más que la ropa puesta. Igual que en ‘97.

La precaria tregua después de la masacre de Acteal, que a pesar de todo había hecho posible una vida de relativa calma en Chenalhó, se empezó a romper con la excarcelación de los paramilitares (cortesía de los ministros de la Suprema Corte) autores materiales de la masacre de Acteal. El 12 de agosto, Las Abejas recordaron que ese día se cumplían cuatro años de la sentencia de la Suprema Corte que liberó a los presos, fueran culpables o no. El 10 de abril de este año (¡vaya homenaje a EZ!) salió de la cárcel el hasta ahora último paquete de presos liberados (todavía quedan seis). Entre ellos iba Jacinto Arias Cruz, único paramilitar de Puebla que fue a dar a la cárcel. El 29 de abril comenzaron los problemas en esta comunidad. Dicen que en política no existen las coincidencias y hay que ser algo peor que ingenuo para ignorar ésta. Pero aún así queda en el aire la pregunta de exactamente qué hay detrás de estos acontecimientos. ¿Es la reactivación deliberada de la contrainsurgencia en Chiapas? (que de hecho nunca se ha desactivado del todo). Una persona que vivió la masacre de Acteal desde la cercanía de la Conai comentaba a propósito de los sucesos de Puebla: no ha habido una sola iniciativa política del EZLN que no haya tenido una respuesta de violencia y provocación por parte del Estado; la misma masacre de Acteal aparece como una respuesta a la marcha de los zapatistas en septiembre de 1997. En esta perspectiva, lo que está pasando en Puebla podría ser parte de la respuesta a la iniciativa de La Escuelita. Otra hipótesis, dado que en 2013 la guerra ya no tiene su epicentro en Chiapas, es: ¿podrían ser estos sucesos parte de un plan más amplio para provocar el caos? (¿más todavía?). Con los problemas del narco, de las autodefensas comunitarias y la intervención del Ejército, con la situación en Michoacán y Guerrero y, para completar, con la desencadenada protesta magisterial, ¿todavía quieren más caos? Finalmente cabe una tercera hipótesis: los actores de la contrainsurgencia, como son los paramilitares, tienen vida propia; entonces, no es que haya una orden explícita de crear problemas en este lugar y en este momento: el comisariado ejidal de Puebla simplemente se desbocó por su ambición, sus intereses políticos y económicos y quizá hasta por su odio a los católicos. Pero aunque no se pueda descartar del todo esta posibilidad, hay que recordar una paradoja: la contrainsurgencia no ignora esta vida propia y en sus cálculos entra la variable de lo incalculable.

Por más que persista un margen de incertidumbre sobre lo que hay detrás de los sucesos en Chenalhó, viendo las cosas desde el terreno de los hechos, hay algo que está claro más allá de toda duda: la impunidad (cortesía de los ministros de la Suprema Corte) está en la raíz de las acciones violentas. La incitación a la violencia del comisariado a los jóvenes de Puebla tenía, según los testigos presenciales, ese sello: no tengan miedo, no nos va a pasar nada por lo que hacemos, vean, después de lo de Acteal aquí estamos libres. Y ahora como hace tres meses, basta el más pequeño amago de proceder legalmente contra los delincuentes para que se apague su bravuconería y las aguas vuelvan a su cauce. La solución es tan sencilla que si no la asumen las autoridades es inescapable la conclusión en forma de dilema: o su incapacidad para gobernar es absoluta o son cómplices inequívocos de la violencia contrainsurgente (o ambas).