Aunque en teoría las instituciones mexicanas deben escuchar y atender las inconformidades de sus gobernados, este recurso está limitado al formalismo de entregar peticiones por escrito que en realidad nunca son tomadas en cuenta, lo cual genera conflictos sociales que podrían evitarse, señalaron especialistas en asuntos jurídicos.

Simón Hernández, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que el derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional es un mecanismo que está muy limitado, pues las reivindicaciones de algunos grupos no tienen posibilidades reales de ser tomadas en cuenta.

David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, aseveró por su parte que otras garantías, como el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre e informada, tampoco son ejercidas por los gobiernos porque en muchas ocasiones éstos únicamente son representantes de los intereses comerciales de grandes empresas que no están dispuestas a negociar nada.