Funcionarias del gobierno federal y representantes de organizaciones civiles coincidieron en la necesidad de pulir los mecanismos legales para impedir actos de corrupción y de tráfico de influencias en los juicios por pensión alimenticia, así como de capacitar a los juzgadores. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, subrayó la importancia de poner más candados para evitar actos de corrupción en favor de los demandados. Ha costado mucho trabajo posicionar en el imaginario colectivo que la pensión alimenticia no es una dádiva ni un acto de buena voluntad, sino un derecho, expresó al participar en la inauguración del conversatorio Acceso a la justicia para las mujeres: ¿acuerdos de pensión y custodia como factor de violencia contra las mujeres?