La sindicatura del ayuntamiento de Tijuana, Baja California, inhabilitó a Julián Leyzaola Pérez y a Gustavo Huerta Martínez para desempeñarse en cualquier cargo público en la entidad durante ocho años, pues existen pruebas que los relacionan con actos de tortura perpetrados cuando fueron secretario de seguridad sública y director de policía y tránsito, respectivamente, en esa ciudad fronteriza.

La denuncia por tortura de la cual se les encontró culpables la interpuso un policía municipal en 2011.

El dictamen de la síndica procuradora Yolanda Enríquez de la Fuente no precisa si la sanción es válida para otras entidades, pues Leyzaola Pérez ocupa ahora el mismo cargo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Huerta Martínez es su subdirector de policía.

Rechazan dar escolta a jefe policiaco y edil salientes

Aunque ambos militares retirados podrían ser destituidos en Ciudad Juárez una vez que la sindicatura de Tijuana precise los alcances de su resolución, los funcionarios públicos concluirán sus mandatos en octubre.

A partir de entonces Leyzaola Pérez y el presidente municipal juarense, el priísta Héctor Murguía Lardizábal, así como la familia de éste, contarán con una escolta permanente, de acuerdo con una decisión del cabildo de Ciudad Juárez.

Sin embargo, este jueves los ex alcaldes panistas de Ciudad Juárez Francisco Barrio Terrazas, Ramón Galindo Noriega y Gustavo Elizondo Aguilar interpusieron un amparo ante un juzgado federal contra la decisión del cabildo, a la cual calificaron de incorrecta y ”no justificable”.

Barrió Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, dijo que estas medidas atentan contra el patrimonio municipal y se brindaría seguridad a un empresario con amplia capacidad económica para cubrir el servicio por su cuenta.

Consideró que esta medida decisión compromete los recursos de los futuros ayuntamientos, pues implica un presupuesto superior a nueve millones de pesos anuales.

A finales del mes de julio, Julián Leyzaola solicitó un amparo ante la justicia federal para evitar que lo ingabilitaran como servidor público, pero su petición fue denegada. Ambos funcionarios fueron notificados de la suspensión este miércoles en Ciudad Juárez.