El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los últimos dos recursos relativos al litigio en torno al acceso a las boletas de 2006, relacionados con el acuerdo para su destrucción que en su momento adoptó el Instituto Federal Electoral (IFE). Los magistrados consideraron infundados los agravios que argumentó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y con ello abrió la puerta para que el instituto pueda destruir las boletas en cuanto lo determine.

Tras un largo litigio iniciado en 2006, que llegó a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en el plano nacional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio TEPJF, este miércoles quedó cancelada la última opción de acceder a las polémicas boletas de 2006.

Transcurrieron siete años y se gastó en mantenimiento un monto cercano a los 600 millones de pesos, 69 fueron erogados por el IFE y más de 500 millones de pesos por la Secretaría de la Defensa Nacional en salarios y manutención de los elementos destacamentados para la protección, primero en las 300 juntas distritales, años después en 32 bodegas estatales y finalmente en una bodega nacional.

Al argumentar, el magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, sostuvo que el largo recorrido que ha tenido este tema sólo ha confirmado el criterio que originalmente, en 2007, adoptó el propio TEPJF al rechazar el acceso a las boletas.

Los derechos de los actores en modo alguno se vulneran, pues, por un lado, mediante la destrucción de las boletas electorales se protege el secreto del voto y, por otro, existe documentación consultable que condena los hechos vividos durante la jornada electoral, y permite a cualquier interesado acceder a ella. La información está ahí, dijo Luna Ramos.

Acto seguido, el magistrado ligó las resoluciones nacionales e internacionales a la reivindicación del trabajo del IFE y del TEPJF en los comicios del 2006. Esta sala superior estudió todas las impugnaciones, hizo las correcciones pertinentes en el cómputo de votos, no encontró irregularidades significativas, declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría al entonces candidato presidencial Felipe Calderón.

Los magistrados Manuel González Oropeza y María del Carmen Alanís cuestionaron la última fase de las impugnaciones y en particular que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya admitido el recurso final, porque en el plano internacional ya había sido conocido el caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que anulaba recurrir a otra instancia.

El magistrado Flavio Galván aseguró que a partir de ahora ya no hay nada que estudiar, lo que dijimos hace poco más de seis años es cosa juzgada y se aplica de manera refleja a los ahora apelantes.