Tras la resolución de la Comisión Federal de Competencia (CFC) en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) por presuntas prácticas monopólicas en el transporte de gasolinas, la paraestatal rechazó las acusaciones y aseguró que hará valer todos los medios legales de defensa que tenga a su alcance, a fin de que prevalezca el orden jurídico y el respeto al estado de derecho.

La CFC multó a Pemex y a Pemex Refinación con 653.2 millones de pesos por condicionar a las gasolineras a contratar el traslado de gasolina y diésel en pipas de la empresa operadas por personal sindicalizado, práctica que está fuera de la excepción constitucional de la que goza la paraestatal.

Por su parte, Pemex explicó que estas actividades forman parte de las obligaciones constitucionales de distribución comercial de Pemex Refinación a través de las estaciones de servicio.

En su resolución, añade Pemex, la CFC soslaya los más elementales postulados de derecho que se establecen en el marco legal, ya que, atribuyéndose una competencia que no le es propia, pretende conocer y resolver sobre funciones que la Constitución encomienda en forma exclusiva al Estado, a través de Pemex.

Dichas actividades, conforme al imperativo constitucional, no constituyen un monopolio y su regulación, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, corresponde a la Secretaría de Energía con la participación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.