l petróleo mexicano dejó de ser un elemento clave en la estrategia de desarrollo del país a mediados de los años 70. Desde entonces, el recurso fue utilizado primero para apalancar un endeudamiento excesivo y después para pagar las cargas financieras que se fueron acumulando. Pero la promesa de que algún día las cosas podrían cambiar seguía con vida mientras los recursos energéticos siguieran protegidos por la Constitución. Eso es lo que está a punto de cambiar para siempre.

La iniciativa del gobierno para permitir los contratos en materia petrolera no dice ni media palabra sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Puede ser por ignorancia y descuido. A nadie le extrañaría eso. Pero también puede ser porque no se quiere alertar al pueblo de México sobre los peligros que acechan si se impone la iniciativa privatizadora y el espacio energético cae en las garras de las empresas trasnacionales protegidas por el TLCAN.

En su capítulo sexto sobre energía y petroquímica básica, el TLCAN buscó eliminar las restricciones al comercio sobre energéticos y petroquímica básica. Pero el anexo 602.3 reservó para el Estado mexicano una serie de actividades estratégicas: exploración y explotación de crudo y gas natural, refinación y procesamiento de gas, así como la petroquímica básica. La reserva incluyó todo lo relacionado con comercio exterior y distribución de esos productos, además de la generación y distribución de energía eléctrica.

En la medida en que la iniciativa del gobierno abre las puertas a la participación de empresas extranjeras en las actividades mencionadas en este anexo, las reservas mexicanas dejarán de tener sentido y se convertirán en una reliquia legal. Veamos por qué.

El TLCAN estableció un régimen muy favorable a la inversión extranjera. El capítulo decimoprimero consagra los derechos de las empresas extranjeras que invierten en cualquiera de las partes y restringe radicalmente el ámbito de aplicación de política industrial y tecnológica. En el artículo 1106 se impide el establecimiento de requisitos de desempeño sobre la inversión extranjera directa: por ejemplo, no se le puede exigir mantener un determinado porcentaje de contenido nacional en sus operaciones, relacionar sus exportaciones con sus importaciones o transferir tecnología.

El artículo 1109 permite todas las transferencias relacionadas con la inversión foránea, incluidas ganancias, dividendos, ganancias del capital, pagos por regalías, gastos por administración y otros montos derivados de la inversion. Finalmente, el artículo 1110 estipula un régimen de solución de controversias que escapa a la jurisdicción nacional. Con razón se puede decir que el TLCAN confiere mayores derechos a los inversionistas que a los estados signatarios. Todo esto recuerda el caso de Metalclad Corporation hace 10 años.

¿Qué tiene que ver esto con la iniciativa privatizadora del gobierno? El propio capítulo decimoprimero define a la inversión extranjera (artículo 1139) en términos que incluyen la participación de empresas con contratos que involucran la presencia de la propiedad de un inversionista en territorio de otra parte, incluidos (...) los contratos de construcción y de llave en mano y los contratos donde la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa. Por inversión de una parte también se entiende la “inversión propiedad o bajo control directo o indirecto de un inversionista de dicha parte”.

Es decir, los contratos en materia de energéticos que solapa la iniciativa privatizadora del gobierno serán para fines jurídicos inversión extranjera directa. Por lo tanto, podrán acogerse a la protección que brinda el capítulo decimoprimero del TLCAN. Y ese es un hecho de enormes implicaciones que el gobierno parece no querer tomar en cuenta.

Para empezar, a ninguna de las empresas titulares de contratos se le podrá imponer requisitos de desempeño. Así, los eslabonamientos industriales quedarán intactos y la generación de empleo directo e indirecto será muy pobre pues la industria petrolera y petroquímica es muy intensiva en capital. Así, una de las justificaciones de la iniciativa oficial (la creación de empleos) resulta ser totalmente falsa. Y sin eslabonamientos, la industria petrolera no genera tampoco crecimiento (como lo ha demostrado la industria maquiladora). Otra gran justificación de la iniciativa que se revela falsa.

Es cierto que al gobierno no le interesa la política industrial. Pero lo grave es que ningún gobierno en el futuro podrá utilizar el potencial de la industria petrolera para construir eslabonamientos más estrechos y avanzar en la industrialización. El petróleo se irá agotando sin haber avanzado en la industrialización.

El dominio que van a imponer las grandes empresas petroleras sobre los recursos de hidrocarburos será un candado que pasa por el TLCAN y el pueblo de México no podrá quitárselo fácilmente. El gobierno miente cuando afirma que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. El control económico sobre este recurso estará en manos de empresas extranjeras y las implicaciones para México serán funestas.