La muy esperada iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto fue por fin dada a conocer el 12 de agosto. Ahora será enviada al Senado para que se debata en el periodo de sesiones que comienza en septiembre. El proyecto busca modificar los ar­tículos 27 y 28 de la Constitución para abrir la industria energética a la inversión privada. Sin embargo, la reforma de Peña se queda corta respecto de las expectativas del mercado, pues su propuesta central se refiere a permitir participación privada en la exploración y producción petrolera mediante contratos de utilidades compartidas, más que concesiones, como muchos inversionistas ­esperaban.

La Bolsa Mexicana de Valores perdió terreno después del anuncio, pero tal vez eso se debió también a la falta de detalle de la iniciativa y, por tanto, a la incertidumbre en torno a sus beneficios potenciales. La reforma de Peña Nieto es menos ambiciosa que la presentada por el centroderechista Partido Acción Nacional (PAN) la semana pasada, pero las negociaciones entre éste y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso podrían producir un proyecto más liberal y mejorado.

A diferencia de la inciativa enviada al Congreso en 2008 por el ex presidente Felipe Calderón (2006-12), que no implicaba cambios constitucionales, la de Peña Nieto busca modificar los artículos 27 y 28 para atraer inversión privada a la industria energética. En este aspecto incursiona en un terreno político delicado, pues el sector petrolero ha estado en esencia fuera del alcance de inversionistas extranjeros desde que fue nacionalizado en 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas (1934-40). Sin embargo, resulta interesante que para mejorar las posibilidades de que sea aprobada en el Congreso, y contrarrestar la esperada oposición de los partidos de izquierda, Peña Nieto enmarcó su iniciativa en las líneas del texto constitucional redactado por el gobierno de Cárdenas, que permitía a Petróleos Mexicanos (Pemex) negociar contratos de compartimiento de ganancias con firmas privadas (lo cual se prohibió en una legislación que entró en vigor en 1960). En una oración, la iniciativa de Peña Nieto afirma que un elemento clave de las reformas de Cárdenas era que garantizaban la propiedad estatal de los hidrocarburos, a la vez que también contemplaban la participación del sector privado en varias actividades de esta industria.

Camino pedregoso

Inútil decir que Cárdenas no era santo de la devoción de las empresas petroleras estadunidenses y brtánicas. Sin embargo, Peña Nieto sabe bien que tanto el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD, cuyo líder fundador fue Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del ex presidente) como el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, la naciente organización y próximo partido político de Andrés Manuel López Obrador, segundo en la elección presidencial de julio de 2012) explotarán la memoria del hombre que nacionalizó la industria petrolera manejada por extranjeros, para tratar de movilizar a la opinión pública en contra de cualquier intento del gobierno, en alianza con el PAN, de modificar la Constitución. López Obrador ya ha caracterizado como el robo del siglo la iniciativa energética de Peña Nieto, y ha sostenido que significaría entregar a extranjeros la riqueza petrolera de la nación, lo cual destruiría a México, lo privaría de toda posibilidad de desarrollo e hipotecaría el futuro de las nuevas generaciones. El líder de Morena y sus simpatizantes llevarán a cabo una concentración en el Zócalo de la ciudad de México el 8 de septiembre para dar principio a su campaña nacional de protestas contra la reforma de Peña Nieto.

Las pasiones que despierta el tema energético bien podrían apresurar el final del Pacto por México. En contraste con la presentación formal de las reformas educativa y de telecomunicaciones, en la cual los dirigentes del PAN y del PRD tuvieron visible participación, el anuncio de la inciativa de reforma energética fue en gran medida un acto del PRI, en el que Peña Nieto estuvo flanqueado por miembros de su gabinete. El PRD lanzará en breve su propia iniciativa.

Si bien no hay consenso en este tema entre los signatarios del pacto, el PRI y el PAN pisan terreno común en cuanto a reconocer la necesidad de reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para alentar la inversión privada en petróleo, gas y electricidad, y juntos tienen la mayoría de dos tercios necesaria en el Congreso para que ello ocurra.

Se altera la dinámica política

La dinámica política del país se ha visto alterada por el debate sobre la reforma energética que se avecina en el Congreso, en los medios y en las calles. Pese a sus limitaciones, la iniciativa de Peña Nieto representa un claro rompimiento con el pasado al permitir la participación del sector privado en la industria energética. El presidente también propone conceder licencias a las firmas privadas para participar en petroquímica básica y en el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Otro aspecto que fue bien recibido es que busca impulsar y diversificar la generación de energía, permitiendo que grupos privados la vendan unos a otros. Hasta ahora las entidades privadas sólo podían generar energía para uso propio.

El PAN presiona al PRI para que acepte sus propuestas de reforma política a cambio de apoyarlo en la iniciativa energética. Sin embargo, es difícil que el debate sobre esta última produzca un desencuentro entre estos partidos, que coinciden en sus puntos esenciales. Ninguna de las iniciativas energéticas de estos partidos hace mención del poderoso sindicato petrolero ni de la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en él, asunto al que ninguno de esos partidos quiere entrarle todavía. La batalla que se aproxima pondrá a prueba la fortaleza de los partidos de todas las denominaciones en sus esfuerzos por influir en un debate de gran importancia para el futuro de la nación.

Economist Intelligence Unit

Traducción: Jorge Anaya

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