a Procuraduría General de la Repú­blica ejerció acción penal contra 40 integrantes de la policía comunitaria de Aquila, Michoacán, que fueron detenidos en días pasados, y los trasladó al penal federal ubicado en Perote. Se informó que otros 16 podrían obtener la libertad mediante caución debido a que los delitos que les son imputados no se consideran graves.

Sin desconocer la necesidad de aplicar en espíritu y en letra la legalidad vigente, debe dudarse que acciones como la mencionada sean suficientes, o incluso útiles, para restablecer el estado de derecho en una entidad que, como Michoacán, se desliza a ojos vistas hacia la ingobernabilidad. Porque, como se señaló en este espacio el viernes pasado, el surgimiento de grupos de autodefensa en esa y otras entidades del país no es ni el principal obstáculo al restablecimiento de la legalidad ni la causa de su quebranto, sino una respuesta social de­sesperada –por más que no esté prevista en el marco legal– constituyente de un síntoma de la descomposición institucional prevaleciente.

El hecho es que, ante el vacío generado por la claudicación en sus funciones de las autoridades del Estado, frente al acoso de la delincuencia organizada, que día con día crece no sólo en poder de fuego, sino incluso como autoridad de facto, y en el marco de la crisis económica que se abate sobre las grandes mayorías de la población, es, si no justificable, cuando menos inevitable la organización autónoma de diversas comunidades para procurar, a su manera, seguridad pública, y mantener alguna modalidad de justicia.

En el escenario de Aquila se ha evidenciado, por añadidura, un elemento extra de conflictividad: la presencia de la minera Ternium que, según los pobladores de la localidad, incumplió el convenio que había establecido con ellos para pagar un precio justo por el hierro que ha venido extrayendo del subsuelo. Según la versión citada –y no desmentida, hasta ahora, por las autoridades ni por la corporación de marras–, el operativo en el que las fuerzas federales capturaron a los policías comunitarios tuvo lugar un día después de que Ternium ordenara el cierre de la mina Las Encinas y diera por concluido el contrato de renta de 300 hectáreas que había suscrito con los comuneros.

Así pues, a la descomposición imperante en las corporaciones de la fuerza pública, a la presencia de cárteles del narcotráfico y otras organizaciones delictivas y a los propios grupos de autodefensa comunitarios, ha de sumarse otro poder fáctico: el de empresas que actúan a su arbitrio en los territorios en los que operan.

Hace unos días, en estas páginas ( La Jornada, 15/8/2013, página 10), se difundió el testimonio de representantes empresariales y sociales michoacanos que alertan sobre el caos y los riesgos de estallido social que imperan en la entidad. Es claro que para revertir tal perspectiva no basta con aplicar la ley, en forma desmesurada, para colmo, contra uno solo de los factores mencionados. Se requiere, en cambio, del deslinde inequívoco por parte del gobierno federal respecto a la estrategia de seguridad pública impuesta por la administración calderonista; de la intervención coherente e integral, orientada no sólo a combatir a las policías comunitarias sino, sobre todo, a los grupos de la delincuencia organizada, y a sanear en forma efectiva los cuerpos policiales federales, estatales y municipales. Es imprescindible, por último, reorientar la política económica federal, cuya dirección en las últimas tres décadas es la causante principal y de fondo de los riesgos de ingobernabilidad que hoy se ciernen sobre Michoacán y sobre el país.