Tras la promulgación de la Ley General de Víctimas, en enero pasado, y su reforma en mayo, en los congresos de varios estados se están empezando a discutir versiones locales de dicha legislación, pero la mayoría tienen graves fallas y carencias conceptuales, e incluso se apartan del espíritu de la norma federal, lo que pondría en riesgo los avances en la materia.

Advirtió lo anterior Silvano Cantú, abogado especialista en derechos humanos y coautor de la Ley de Víctimas, quien señaló que en este proceso es fundamental escuchar e incluir los puntos de vista de quienes han sufrido algún agravio y de las organizaciones que los acompañan.

Hasta el momento tenemos cuatro experiencias locales en el tema de la ley. La primera es de Nuevo León, que fue presentada por el PAN y está basada en la iniciativa que quiso impulsar Felipe Calderón, muy restringida en la protección de los derechos humanos, muy asistencialista y sin coordinación con la ley general, aunque tiene figuras rescatables, como la del asesor victimológico, explicó.

La segunda, dijo, es la de Baja California, que se restringe mucho al ámbito de lo penal y no incluye las reformas hechas en mayo a la Ley General de Víctimas, mediante las cuales se perfeccionaron algunos detalles de la misma.

No es por mala fe

“En el ejemplo de Morelos –que se trata de la única legislación estatal ya publicada–, el proyecto incluyó los puntos de vista de organizaciones sociales, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y otros grupos de víctimas, lo cual enriqueció el producto final.”

Por último, señaló, en Jalisco se está debatiendo una legislación basada fundamente en propuestas del PRI y el Partido Verde, pero no cuenta con la participación de quienes han sufrido directamente algún delito o abuso de derechos humanos, deploró Cantú.

“No creo que sea con mala fe, sino por falta de información, pero lo cierto es que hay un alejamiento evidente de muchas leyes estatales con respecto a la federal, sobre todo en aspectos como la definición de la categoría de ‘víctima’, donde no se toma en cuenta a sus familiares ni a sus abogados o defensores, que consideramos víctimas potenciales”, indicó.

En resumen, se trata de normas con un enfoque más penalista que de defensa de los derechos humanos o de justicia restaurativa, lo cual puede significar un retroceso a los alcances de la ley general y abre la puerta a la revictimización, advirtió.