La práctica genocida contra el pueblo yaqui no sólo subsiste, se está recrudeciendo al grado de “declararnos inexistentes. Estamos volviendo a los tiempos del porfiriato, cuando imperaba la ley del garrote. El gobierno decide por nosotros, nos discrimina y pretende quitarnos lo único que nos mantiene atados a nuestro pasado y a la tierra: el agua”, afirmaron representantes de la tribu yaqui.

En entrevista con La Jornada, Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, secretario y soldado de la tribu yaqui del pueblo de Vícam, respectivamente, señalaron que desde 2010 luchan contra la construcción del acueducto con el que Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, pretende extraer 75 millones de metros cúbicos por segundo de la cuenca del valle del Yaqui, para trasladarla a una zona residencial e industrial de alta plusvalía en las inmediaciones de Hermosillo, Sonora.

Sigue el robo de agua

Denunciaron que pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó elaborar un nuevo manifiesto sobre el impacto ambiental de la construcción del acueducto y realizar una consulta a la tribu yaqui para determinar si hay afectación a sus derechos, señalaron que hasta el momento no se ha hecho nada. Continúa el robo de agua.

Por ello, desde el pasado jueves presentaron denuncias ante las autoridades competentes contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por desacato a un fallo judicial.

Advirtieron que los cierres carreteros en el sur de Sonora continuarán si las autoridades federales y estatales no acatan el mandato de la SCJN. Si no hay respeto a las leyes desde las propias instituciones, no se puede descartar el riesgo de un desbordamiento social.

Enclavado en el sur de Sonora, el pueblo yaqui se asienta desde hace casi 3 mil años en la ribera del río Yaqui. Su territorio se extiende por 485 mil hectáreas, y se integra por ocho pueblos y 56 localidades, donde habitan cerca de 45 mil personas.

Nuestra cosmovisión, explica Luna Romero, nos ubica junto al río desde el origen de los tiempos. Antes de que hubiera nación o un México independiente, los yaquis ya vivíamos en esta zona, y dependíamos, como sucede ahora, del agua del río, porque toda nuestra concepción de vida está basada en sus aguas.

Un decreto presidencial emitido en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río los reconoce como propietarios de 50 por ciento de los derechos para la explotación de los recursos hídricos de la cuenca del río Yaqui.

Por ello, señalaron que la voz de alarma se dio cuando en 2010 el gobierno panista de Padrés Elías lanzó el proyecto del acueducto, del cual nos enteramos por los medios de comunicación. No hubo siquiera notificación, mucho menos una consulta.

Con esta decisión, señalaron, se viola la autonomía y la libre determinación de los pueblos, así como el derecho a ser consultados en proyectos que afectan su desarrollo, lo que está contemplado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Constitución.

Desde mayo pasado, recordaron, la SCJN solicitó que se elaborara un nuevo manifiesto de impacto ambiental, es decir, las autoridades ambientales federales saben que deben reponer este proceso, por lo que actualmente no cuentan con dicho permiso, y la misma normatividad establece que en esas condiciones se tendrían que parar las obras de inmediato y suspender la sustracción del líquido, pues de las cinco bombas que se tienen previstas para el trasvase hacia la cuenca del valle de Sonora, dos están operando, aunque no a su máxima capacidad.

Yaquis, como en el porfiriato

“El solo hecho, apuntaron, de que “no se nos haya tomado en cuenta ni siquiera para consultar el proyecto que nos quita algo que nos pertenece de forma ancestral, los retrata de cuerpo entero: para ellos no existimos.

“Con este tipo de iniciativas lo que se busca realmente es que abandonemos los territorios que durante milenios han sido nuestros.

Se trata de desplazar una población nativa por efecto ya sea de la violencia, la delincuencia o la falta de agua, porque si nos la quitan tendremos que ir a buscarla allá donde se encuentre, en las periferias de las grandes ciudades, para sumarnos a un ejército de mano de obra barata. Si esto ocurre, no tendremos futuro.

No nos extraña, aseguró Luna Romero, que el gobernador se atreva a declarar que en el estado sólo hay sonorenses, que los yaquis ya no existen. Hoy queremos reiterar que seguimos más presentes que nunca, que vamos a defender por todos los medios el agua que nos da vida y origen, porque como nación yaqui no estamos dispuestos a desaparecer, pues si es necesario acudiremos a instancias internacionales.