Lerma, Mex., 9 de agosto.

La empresa constructora Autovan SA de CV, encargada de construir la autopista Toluca-Naucalpan, reinició los trabajos de la vialidad que unirá el poniente del Valle de México con el aeropuerto internacional de la capital mexiquense, pese a que existe una suspensión provisional ordenada por la justicia federal a los comuneros de San Francisco Xochicuautla, de este municipio, quienes se oponen al trazo autorizado para la obra.

Los afectados, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra, indicaron que la violación a la orden judicial representa una nueva provocación de las autoridades, quienes insisten en concluir la obra, pese a que el trazado afecta el Parque Otomí-Mexica y el Bosque de Agua, ambos considerados áreas naturales protegidas.

En conferencia de prensa, los comuneros indicaron que la empresa viola el mandato judicial concedido el 15 de mayo, cuando se determinó la suspensión provisional del acto reclamado, en tanto no se resuelve el fondo del juicio de amparo promovido por la localidad de Xochicuautla, esto es, que no se podría realizar ningún trabajo en la zona, hasta que se dicte sentencia.

Según los pobladores, el miércoles y el jueves pasado, el personal de constructora volvió a la zona boscosa para continuar operando la maquinaria que abre las brechas y a realizar trabajos de topografía, todo esto con el resguardo de más de 400 granaderos de la policía estatal, que se encargaron de impedir que los afectados volvieran a suspender las obras.

Este viernes, durante un recorrido por la zona, se observó maquinaria pesada entre La Concepción Xochicuautla y San Francisco Xochicuautla, ambos predios propiedad de comuneros, los cuales no han vendido, ni han recibido notificación oficial de expropiación.

Los pobladores que se oponen a la autopista reclamaron que el gobierno ha operado para dividir a la población, mediante la cooptación de algunos. Informaron que a ciertos comuneros les entregaron poco más de 40 mil pesos para que en la asamblea de abril pasado votaran por el proyecto, y aceptaran el pago de 160 pesos por metro cuadrado.

“Aunque algunos ya dieron su aval para la construcción, muchos aún no estamos de acuerdo porque la obra implicará una severa afectación ecológica, pues estimamos que serán derribados decenas de miles de árboles del Bosque de Agua y del Parque Otomí-Mexica, considerados áreas naturales protegidas.

No es que nos opongamos al proyecto. Si quieren hacer carreteras, adelante, pero que las hagan bien y con respeto al medio ambiente y a nuestros recursos naturales que por años han sido resguardados y defendidos por esta gente, dijo José Luis Fernández, miembros de la comunidad afectada.

Los comuneros informaron que buscarán en breve a diputados y senadores del estado de México para que se pronuncien sobre el proyecto y en caso de obtener su respaldo, solicitarán que exijan la cancelación de esta obra tal y como está contemplada.