En México hay cerca de 25 mil concesiones mineras y, sin importar su estatus jurídico, vencidas o vigentes, el gobierno de Felipe Calderón les otorgó vigencia sin límite de tiempo.

Además, fue inventado un nuevo título que no existe en la Ley Minera ni el reglamento en la materia, que son los títulos de exploración con vigencia de 50 años, que en realidad son licencias encubiertas para que las mineras realicen tareas de explotación.

El Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) apuntó lo anterior y sostuvo que con estas licencias van a pagar por los derechos del título como si exploraran los territorios, cuando en realidad explotan yacimientos.

Esto significa un enorme desfalco al erario, ya que de por sí son muy bajos los derechos que pagan los empresarios mineros y bajo este régimen se reduce abismalmente el cobro de derechos, planteó esta organización.

Hizo ver que en materia de concesiones no hay ningún control nacional, no se tiene un registro puntual de a quienes se les son otorgados; es muy común que se utilice la figura de prestanombres; hay un rezago histórico del registro de permisos y el pago de derechos, el cual se arrastra desde hace décadas.

Sin registro ante el IMSS

Tampoco hay control sobre los recursos de la nación, y los trámites de estudio y evaluación de los terrenos se incumplen, por lo que las concesiones son entregadas a ojos cerrados por el gobierno, que no sabe el potencial de explotación minera que tienen los territorios sobre los que otorga los permisos.

Del mismo modo, señaló, el esquema bajo el que se otorgan los permisos de explotación minera adolece de aspectos como el hecho de que no hay un registro público actualizado sobre estas concesiones al que los interesados pudieran recurrir para saber a quién o a quiénes se les están otorgando estos permisos.

De acuerdo con el Cereal, otra circunstancia graves es que la mayor parte de las mineras a las que se otorgan estas licencias no están registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que implica que hay un subregistro o bien que los empresarios evaden obligaciones laborales y fiscales, o simplemente la mayoría opera en la economía informal. Es decir, no se verifica la existencia de las empresas a quienes se entregan títulos de explotación, lo que representa un vacío jurídico que afecta a los trabajadores del sector, pero también al fisco.

Todo este panorama deja ver que no hay rectoría del Estado en la industria, así como la escaque es escasa regulación de la actividad y que el gobierno federal no sabe a quién o quienes está otorgando las concesiones, y que también desconoce el volumen del material que explotan esas empresas, así como los montos de productos mineros.