Entre marzo y mayo de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido al menos cuatro quejas por detenciones arbitrarias o cateos ilegales realizados por integrantes de grupos de autodefensa en Michoacán, lo que demuestra la necesidad de que el gobierno recupere urgentemente el control de la seguridad en ese estado, antes de que las células de ciudadanos armados puedan devenir grupos paramilitares, como ocurrió en Colombia, señaló Marat Paredes, segundo visitador general del organismo.

Resulta muy preocupante lo que está sucediendo con los grupos de autodefensa y las policías comunitarias, porque son contrarios el artículo 17 de la Constitución, donde se establece que nadie podrá ejercer la violencia para reclamar sus derechos o hacerse justicia por sí mismo, indicó el funcionario en entrevista con La Jornada.

Actos de desesperación

Paredes reconoció que la falta de cumplimiento de las autoridades para garantizar la seguridad en todo el territorio ha desencadenado el surgimiento de dichos grupos, y advirtió que al no estar debidamente capacitadas, las personas que deciden armarse en un acto de desesperación son un riesgo para los demás ciudadanos y para sí mismas.

Su informalidad y falta de capacitación puede hacer que otras personas puedan sufrir abusos por parte de ellos. De hecho, en marzo, abril y mayo de este año ya recibimos cuatro o cinco demandas por detenciones arbitrarias o cateos ilegales en Michoacán, detalló el visitador.

Asimismo, la CNDH ha recibido de enero a junio de 2013 un total de 75 quejas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por su actuación en aquel estado, 21 contra agentes de la Policía Federal, 15 contra la Procuraduría General de la República y cuatro contra efectivos de la Secretaría de Marina.

En un escenario de violencia tan complejo, estimó Paredes, es urgente que el Estado recupere el control de los territorios donde no se ha hecho presente y resarza la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia, antes de que la situación se torne aún más grave.

Tenemos experiencias en países como Colombia donde los grupos de autodefensa fueron el inicio de los paramilitares y cometieron violaciones de derechos que después le resultan mucho más costosas al Estado porque es más complicado desmovilizarlos, alertó.

Suspender garantías, una opción

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que el nivel de violencia en ciertas regiones del país hace necesario considerar la posibilidad de que se declare la suspensión de garantías donde haya perturbaciones graves de la paz pública –como establece el artículo 29 constitucional– para diseñar un plan de rescate de la seguridad, con plazos definidos y observación continua de las instituciones.

“Para hacer frente a la situación que se vive en Guerrero y Michoacán hay que plantearse la alternativa de poner en práctica lo que dice el artículo 29 constitucional, de imponer cierta restricción del ejercicio de derechos, porque se ha probado una y muchas veces que seguir haciendo operativos policiacos no da resultados”, manifestó.

De acuerdo con Cortez, declarar la suspensión de garantías individuales sería una oportunidad para que el gobierno haga un diagnóstico claro de la situación y diseñe una nueva estrategia de seguridad con plazos y objetivos definidos, así como un monitoreo constante para verificar resultados.

Si no discutimos nuevas posibilidades y repitimos las acciones, seguramente tendremos los mismos resultados. Hoy los pobladores retienen a los militares, pero existe el riesgo de que aumente el nivel de confrontación y se generen hechos de más violencia entre las fuerzas armadas y los grupos de autodefensa, alertó.