Militantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) se manifestaron en por lo menos ocho puntos de Oaxaca para exigir al gobernador, Gabino Cué Monteagudo, liberar fondos para proyectos de agua potable y electricidad aprobados en 2011.

Asimismo, demandaron que Fernando Cruz, integrante del FPR, sea trasladado del penal regional de Miahuatlán al de Santa María Ixcotel, así como la ampliación de la matrícula en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

El vocero del FPR, Pedro García, informó que varios contingentes bloquearon el llamado Puente Caracol, en la cuenca del Papaloapan, región del Istmo; la carretera estatal 131 en la agencia municipal Reyes Mantecón, y la caseta de cobro 79 de Huitzo, en el kilómetro 217, donde se permitió el libre paso.

Explicó que los manifestantes se concentraron fuera del penal regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz para solicitar que Fernando Cruz, acusado del homicidio de un militante priísta en 2007, regrese al penal de Ixcotel, de donde fue trasladado el mes pasado.

García dijo que Cruz sigue bajo proceso penal y podría quedar exculpado por falta de pruebas; sin embargo, las autoridades lo trasladaron con el argumento de que intentó fugarse y provocar un motín, con la posible intención de retrasar el proceso

En la capital del estado, estudiantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, perteneciente al FPR, se apoderaron de la Facultad de Medicina de la UABJO para exigir la ampliación de la matrícula y que se elabore un perfil de los aspirantes para que sólo ingresen quienes cumplan con los requisitos.

Mientras, unos 150 choferes de la Alianza del Transporte Multimodal del Estado de Oaxaca bloquearon la mañana de este miércoles los accesos a la Ciudad Administrativa, que alberga las oficinas de seis dependencias del gobierno estatal, para reclamar a la Secretaría de Vialidad y Transporte seguridad y la actualización de concesiones.

En Chiapas, unos 300 maestros de secundarias técnicas marcharon en Tuxtla Gutiérrez y protestaron frente al palacio de gobierno e demanda de que se paguen varios meses de salario a cerca de 650 profesores que cubrieron interinatos.

Denunciaron irregularidades en el otorgamiento de plazas y en la cadena de cambios escalafonarios, y demandaron hacer una auditoría al uso de fondos en el sistema de secundarias, que cuenta con 155 planteles.