La reforma laboral tuvo remitente equivocado. No tocó los temas de transparencia y democracia en los sindicatos de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tampoco en los del sector público.

Además, ha implicado mayor participación y control del Estado en los sindicatos de empresas privadas, manifestó Alfredo Sánchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En tanto, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Carlos Reynoso expresó que con dicha modificación hay ahora más dudas que certidumbres, sobre todo en temas como los artículos 15 A y B, que tienen que ver con la regulación de la subcontratación u outsourcing, pues no queda claro. Creó más confusión y cada empresa hace lo que quiere en ese tema, añadió.

Indicó que el cambio a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no dejó contento a nadie. Incluso, agregó, ya se habla de una posible reforma a la reforma. Temas sumamente importantes, como la representación jurídica de los trabajadores, quedaron igual, ya que permaneció intacto el monopolio de los abogados en la juntas de Conciliación y Arbitraje, que cobran y venden los asuntos y trafican con el acceso a la justicia.

Ambos especialistas participaron en el foro Los pendientes de la reforma laboral, organizado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), en el cual indicaron que hay enormes lagunas en dicha modificación, que no procura mayor justicia para los trabajadores ni mejores condiciones de vida o ingresos. Ni siquiera, apuntaron, mayor posibilidad de generación de empleos.

Sánchez Castañeda, quien también es coordinador del área de derecho social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y consultor externo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre normas para América Latina, indicó que los cambios a la Ley Federal del Trabajo no tocan aspectos como la transparencia sindical y no alcanzan jurídicamente a los gremios de los trabajadores públicos, como petroleros, maestros o los del IMSS e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ciertamente, se incluyeron una serie de regulaciones en materia de derecho colectivo. Han implicado mayor participación del Estado y más vigilancia y control del gobierno sobre los sindicatos. Por ejemplo, la reforma dio al gobierno más armas legales para controlar la creación de sindicatos, para registrar los estatutos y dar tomas de notas de renovación a las dirigencias sindicales.

Prácticamente todos los sindicatos del país tienen que volver a registrar sus estatutos, incluyendo las nuevas regulaciones, y ello podría ser un mecanismo para que se niegue el registro de estatutos a un sindicato o su registro, con el argumento de que no es suficientemente transparente, subraya el experto.

A su vez, Carlos Reynoso planteó que la modificación es inconsistente en muchos temas, como en la subcontratación laboral. Supuestamente se iba a regular el outsourcing. Ese objetivo quedó en un mal intento, expresó.

En lo que se refiere al trabajo de las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje, dijo, los artículos transitorios dejaron muchas tareas pendientes, ya que aún no se pone en marcha el servicio profesional de carrera y las audiencias legales. Además, no hay criterios uniformes en esas instancias y el sistema enfrenta deficiencias.

En los pasillos de las juntas, en los espacios de los abogados, ya se habla de la reforma de la reforma. Se dice que se están elaborando proyectos para hacer cambios y precisiones a la aprobada en 2012.