El asesinato en Michoacán del vicealmirante de la Armada de México Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la octava Zona Naval, presuntamenmte por miembros del grupo criminal Los caballeros templarios, demuestra que el actual gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto poco o nada ha variado la errática estrategia en materia de seguridad pública que inició el ex presidente Felipe Calderón, coincidieron en señalar los criminalistas y especialistas en derecho penal Jesús Alberto Guerrero Rojas, Martín Millán, Eduardo Miranda Esquivel y Verónica Morales Monroy.

¿Cuántos militares y civiles deberán seguir muriendo antes de que el presidente Peña entienda que el crimen organizado le está ganando la batalla a las autoridades federales?, se cuestionó Morales, quien cuenta con maestría en criminalística y ha sido fiscal en diversas procuradurías estatales.

Jesús Alberto Guerrero Rojas, doctor en derecho penal y director del Corporativo Jurídico Mexicano (CJM), también cuestionó al gobierno por la falta de una estrategia clara y definida en materia de combate al crimen organizado.

El gobierno de Peña Nieto no debe permitir un muerto más. Si hay una total ingobernabilidad en Michoacán o en otros estados, como todo indica que la hay, y se actualiza lo que indica el artículo 29 constitucional, entonces que ordenen la suspensión temporal de garantías, que hagan lo que tengan que hacer, pero que paren esta violencia desatada y que dejen la inacción gubernamental por el temor a que el PRI pierda su capital político, expuso Guerrero.

Me queda claro que el actual gobierno federal no tiene el ánimo para retirar bloqueos carreteros de maestros, sacar enmascarados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reprimir a grupos que secuestran militares en Michoacán o preparar mejor a sus policías para evitar que se corrompan y dudo mucho que lo tenga también para combatir al crimen organizado, sostuvo.

Añadió que Michoacán no es todo el país, pues hoy, por ejemplo, han abandonado (los militares y policía federales) Tamaulipas. Entonces, ¿no será que voltear a Michoacán es mera estrategia publicitaria del gobierno?, se preguntó Guerrero.

Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, refirió que el gobierno peñista seguirá perdiendo la partida contra el crimen organizado, mientras no entienda que el problema debe solucionarse cambiando el modelo económico, generando empleos de calidad y redoblando esfuerzos para mejorar los niveles de acceso a la educación de los mexicanos.

El penalista Martín Millán expuso que tratar de quitar el tema de seguridad de la agenda nacional, como lo ha pretendido hacer la Presidencia de la República, no es la solución; es un error.

Lo que está sucediendo en Michoacán no es exclusivo de esa entidad; desafortunadamente tiene todos los elementos que uno no quisiera ver, pero el caso Michoacán pone de manifiesto que la estrategia no está funcionando, añadió.