Las sanciones aprobadas por el Instituto Federal Electoral (IFE)en la revisión de gastos de campaña no dejaron satisfechos a los partidos –con excepción de Nueva Alianza– que recurrieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su impugnación, el PAN demanda sancionar más duramente a PRI y PVEM por la enorme cantidad de recursos no reportados –136 millones de pesos– que el instituto consideró sólo una falta formal, cuando actuaron con dolo e hicieron fraude para obtener beneficios.

A diferencia del resto de las impugnaciones, donde vinculan su defensa de las sanciones a la presunta parcialidad del IFE, el PAN centró su queja en la falta de severidad contra PRI y PVEM, que trasgredieron uno de los principios más importantes, la rendición de cuentas y tomaron ventaja de no reportar gastos.

En la otrora coalición de izquierda cada partido fue por separado, en el caso del Movimiento Ciudadano, se demanda la no aplicación del reglamento de fiscalización por contravenir principios básicos de la reforma electoral en materia de coaliciones, al impulsar la responsabilidad de cada partido aun cuando vayan en alianza.

Según MC, el reglamento introdujo una figura irregular al obligar a los partidos coaligados a entregar la administración de los recursos de campaña a uno solo de ellos, lo que produce falta de certeza en cuanto a la forma en que se gastan, dejando además en estado de indefensión a los partidos que no llevaron dicha administración, haciéndoles pagar por culpas ajenas.

En el documento del PAN el objetivo central es impugnar la forma en que el IFE trató a la coalición Compromiso por México, a partir de que la rendición de cuentas es el eje de la actividad fiscalizadora, lo cual no ocurrió en el caso de PRI y PVEM. Recuerda el PAN que el PRI por si solo no reportó 34.4 millones de pesos, el PVEM, 8.4 millones de pesos y la coalición 93.3 millones de pesos, para sumar 136.3 millones de pesos, cuando el PAN no reportó 2.4 millones de pesos, lo que refleja inequidad.

Para el caso, la Unidad de Fiscalización sólo consideró este fraude a la ley como una falta de forma, pues es claro y evidente que existe una violación al criterio de proporcionalidad en la valoración de la infracción que se está cometiendo, toda vez que resulta indebido que se pretenda tasar un porcentaje de sanción similar para el PAN.

Los panistas argumentan que el IFE debe adoptar sanciones más severas cuando existe dolo en las omisiones que cuando fueron, efectivamente, faltas de forma.