La sanción emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a siete funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el caso del restaurante Maximo Bistrot, quienes fueron destituidos de su cargo por un año, además de la suspensión del empleo por seis meses, fue acertado, pero insuficiente, pues aún falta mucho por hacer, afirmó Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor.

Agregó que los funcionarios que actuaron en respuesta a la solicitud de Andrea Benítez, conocida como lady Profeco –hija del ex titular del organismo, Humberto Benítez Treviño–, quien en abril pasado ordenó a personal del organismo clausurar el restaurante, luego de que no se le diera la mesa que solicitaba, incurrieron en un proceso totalmente ilegal, y es bueno que se les sancione. No se podía hacer otra cosa.

Con este tipo de sanciones lo más relevante es que se sienta un precedente que podría propiciar que antes de incurrir nuevamente en un abuso los inspectores tengan más cuidado de no caer en este tipo de prácticas.

Sin embargo, puntualizó que aún es “muy pronto para determinar si las acciones realizadas por la Profeco –tras el escándalo– sólo son para lavarse la cara o una forma de decir que hay gobierno y que se frenarán los abusos”.

El pasado jueves la SFP determinó la destitución del cargo e inhabilitación por un año para desempeñar un cargo público al subprocurador de Verificación, el director general de Verificación y Vigilancia y el jefe de departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas de la Profeco, mientras que el director de Procedimientos y Sanciones fue removido de su puesto, y tres inspectores de programas especiales, comisionados como verificadores, fueron suspendidos por seis meses.

Calvillo agregó que entre las acciones que aún deben fortalecerse para garantizar los derechos del consumidor, además de las sanciones e inhabilitaciones a quienes incurran en abusos, está el modificar la reglamentación para fijar multas, pues dijo que en el caso de la trasnacional McDonalds, quien deberá pagar cerca de 684 mil 584 pesos por publicidad engañosa, los montos son ridículos para estas empresas, pues representan sanciones que no tienen un verdadero efecto disuasorio.

Por ello, exhortó a las autoridades a establecer que penalizaciones de acuerdo al porcentaje de ganancia de las empresas, a fin de que se logre el impacto esperado, y no se incurra en prácticas de engaño al consumidor.