Nueva York, 25 de julio.

El dramático incremento de encarcelación en Estados Unidos no corresponde a un aumento en la tasa de criminalidad, sino más bien a nuevas leyes y políticas impulsadas por políticos federales y estatales, bajo la consigna electoralmente efectiva de mano dura contra el crimen y ley y orden, impulsada a partir de los 70. En este contexto, la llamada guerra contra las drogas fue el mayor factor en el explosivo crecimiento de la población encarcelada, y con ello también se manifestó lo que no pocos críticos señalan como una guerra contra las minorías

Aproximadamente la mitad de los recluidos en prisiones federales están ahí por delitos no violentos relacionados con drogas ilícitas. Como consecuencia de la llamada guerra contra las drogas, el número de reos por transgresiones no violentas de normas antinarcóticos en las prisiones federales y estatales se ha incrementado mil 100 por ciento desde 1980. En 1989 había unos 40 mil encarcelados por crímenes relacionados con enervantes, actualmente suman casi 500 mil.

La disparidad racial en la aplicación de estas leyes antinarcóticos en el país ha sido ampliamente documentada: los afroestadunidenses representan entre 14 y 15 por ciento de los usuarios de droga ilícita, pero significan 37 por ciento de los arrestados por delitos relacionados con narcóticos, 59 por ciento de los condenados judicialmente y 74 por ciento de los que reciben sentencias penales, reporta el abogado de derechos civiles Alec Karakatsanis en un artículo publicado en The Guardian. El resultado de esto, afirma, es que “a 20 años o más del inicio de la ‘guerra contra las drogas’, Estados Unidos encarcela a negros a una tasa seis veces más alta que la de Sudáfrica en tiempos del apartheid”.

Michelle Alexander, profesora y reconocida autora del libro The New Jim Crow, sobre el racismo sistémico contemporáneo en este país, escribió que hay más hombres negros en las prisiones o cárceles, o en libertad condicional, que los que estaban esclavizados en 1850.

Es por ello que algunos critican la llamada guerra contra las drogas como una guerra contra los pobres y las minorías tanto al interior de este país como en su dimensión internacional.

En promedio, alojar a un reo cuesta entre 20 mil y 30 mil dólares al año, y la explosión de la población encarcelada ha contribuido a los graves déficit fiscales de gobiernos estatales en construir y operar prisiones. Según algunos cálculos, California gasta 2.5 veces más en sus prisioneros que en sus estudiantes, y cinco estados destinan más a su sistema penal que a educación universitaria, según Pew Center. Entre los estados y el gobierno federal gastan aproximadamente 74 mil millones cada año en el sistema penal, y casi 800 mil están empleados en ese sector.

Pero para algunos, esto representa un gran mercado. Con el auge en la industria carcelaria, este sector ahora se está privatizando, lo que genera cada vez más ganancias masivas, con empresas que insisten en contratos que definen que el cupo se debe mantener mayor a 90 por ciento (si no, el estado paga por la ausencia de reos), ya que las ganancias se generan por huésped en estos hoteles del infierno.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha estudiado el fenómeno y presentado demandas legales por abusos en las prisiones privadas, el número de reos en estas últimas se incrementó mil 600 por ciento entre 1990 y 2009, y actualmente empresas con fines de lucro se encargan de 6 por ciento de todos los prisioneros estatales, y de 16 por ciento de los federales. Casi 130 mil reos están ahora en prisiones estatales o federales operadas por empresas privadas. En 2010 y 2011, las dos firmas más grandes dedicadas al negocio de prisiones recibieran casi 3 mil millones en ingresos por año. La más grande, Corrections Corporation of America (CCA), opera 66 prisiones en 20 estados, con la segunda más grande, GEO Group, operando 65, reportó ProPublica, centro de periodismo de investigación.

CCA reportó a sus accionistas que su negocio depende de varios factores, incluyendo tasas de criminalidad y patrones de sentencias en Estados Unidos. O sea, el crecimiento en ganancias requiere de cada vez más reos y, por tanto, estas empresas invierten millones en cabildeo político para mantener altas las tasas de encarcelamiento y leyes que establecen condenas largas.

Pero ahora, el sector de mayor crecimiento en esta industria es el de inmigrantes arrestados por el gobierno federal, y las empresas privadas están a cargo de casi 50 por ciento de éstos. El Servicio de Inmigración encarcela aproximadamente 400 mil indocumentados cada año, y gasta casi 2 mil millones en estas operaciones.

Marc Mauer, director ejecutivo del Sentencing Project, comenta que al desacelerarse el crecimiento de prisiones en los últimos años, la industria de prisiones privadas está viendo cada vez más la detención de inmigrantes como fuente de ganancias. En Arizona, por ejemplo, la notoria legislación antimigrante promulgada en 2010 fue redactada en gran parte mediante los esfuerzos de empresas de prisiones privadas trabajando conjuntamente con el American Legislative Exchange Council (ALEC, organización dedicada a promover leyes estatales conservadoras y pro empresariales).

De hecho, ALEC ha logrado impulsar leyes en varios estados para explotar la mano de obra encarcelada no sólo para trabajos de gobierno, como era antes, sino para empresas privadas. Casi un millón de prisioneros trabajan ahora fabricando muebles, en los centros de atención telefónica, en rastros y en campos agrícolas, hasta en la fabricación de zapatos, a cambio de sueldos muy inferiores al mínimo; a veces les pagan sólo entre 93 centavos o menos de 5 dólares por día, reportan investigadores. O sea, ganan menos que trabajadores en China o en las maquiladoras en México.