Mediante demanda de conflicto económico que presentó Aeroméxico contra la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (Assa), esta empresa pretende inaugurar un nuevo modelo de despojo laboral para las generaciones futuras de trabajadores, asegura este sindicato.

La modificación de las condiciones laborales para los trabajadores de nuevo ingreso significa aceptar la desaparición a futuro, o la mutilación inmediata, del contrato colectivo de trabajo, indicó la Assa.

En una circular informativa, esta organización detalló que la empresa está incurriendo en una ilegalidad, ya que al día hábil siguiente de firmar el convenio de revisión salarial de este año –en el que se comprometió a cancelar la demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica–, incrementó sus exigencias y, en la mesa en que se discutían las condiciones laborales, demandó que los salarios de los nuevos trabajadores no se redujeran 33 por ciento, sino 63 por ciento, a fin de que los salarios de los mismos estuvieran por debajo de Volaris e Interjet.

Según indica el documento, no sólo es evidente la falta de palabra de la dirección de Aeroméxico, que está incumpliendo el acuerdo de revisión salarial de este año, sino la parcialidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Estos hechos ya se denunciaron ante el secretario del Trabajo y la Comisión del Trabajo del Senado, cuyos integrantes se ofrecieron a dar apoyo a los trabajadores ante estos hechos. Sobre todo, porque después del muestreo realizado sobre la situación socioeconómica de los sobrecargos, realizada por peritos en sicología y trabajo social designados por la propia JFCA, se concluyó que los ingresos de los sobrecargos apenas son suficientes para cubrir las condiciones básicas de una familia, por lo que para la subsistencia requieren acudir constantemente al crédito y al uso de los viáticos.

El 15 de julio pasado fue notificado el dictamen de los peritos, que señala que no pueden ser modificados los derechos adquiridos por trabajadores y no aplica la modificación del contrato colectivo de trabajo. No obstante, el día 16 de julio el presidente de la JFCA, Diódoro Siller, declaró nulo el dictamen y ordenó que se realizara otro, mintiendo descaradamente, lo que hace pensar que hay intereses detrás de esta decisión y sobre todo una burda e ilegal actuación de esta instancia, acusa la Assa.