El retraso en la jubilación de académicos e investigadores de instituciones públicas de educación superior se resolvería si se contrarrestara la irresponsabilidad del Estado al limitar el sueldo base de la planta docente en el país, señalaron especialistas.

Aunque los ingresos de éstos son variables, pues dependen de su salario base, antigüedad, categoría dentro de su institución y estímulos, entre otras condiciones, datos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT) asientan que el salario base promedio mensual de un investigador nivel III miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es de 21 mil pesos, el cual puede alcanzar entre 68 mil y 102 mil pesos, según los incentivos.

En tanto, los académicos con niveles de candidato, I y II en el SNI, tienen un sueldo tabular promedio de 8 mil a 21 mil pesos al mes, el cual tras sumar diversos estímulos y otras compensaciones, puede alcanzar de 14 mil a 34 mil para los primeros, de 28 mil a 67 mil para el nivel I y de 55 mil a 87 mil para los últimos.

El FCCT realizó un estudio –que La Jornada dio a conocer en su edición de ayer– el cual concluye que la merma en los ingresos es la principal razón por la que docentes de instituciones públicas de educación superior y centros de investigación decide no retirarse, por lo que propone –entre otras prestaciones– conservar los incentivos obtenidos por el SNI y el seguro médico privado.

Ángel Díaz Barriga, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que la propuesta del FCCT es lo menos necesaria ante la irresponsabilidad del Estado que exige mucho (a los académicos) y al final de cuentas no los compensa salarialmente.

Aseguró que los sueldos tabulares de académicos e investigadores no son competitivos. Para obtener una plaza piden posgrado, más de seis años de experiencia, 70 publicaciones internacionales, pero el salario no compensa.

Indicó que la crisis relacionada con el escaso retiro es consecuencia del error que el país cometió al crear el SNI en los años 80 del siglo pasado y el programa de estímulos para investigadores en los 90, como únicas medidas para evitar la fuga de cerebros y para otorgar un ingreso digno para la planta académica. Aunque aclaró que estos estímulos no siempre son para quienes trabajan.

Recordó que en la campaña electoral de 2012, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior presentó varias propuestas a los entonces candidatos a la Presidencia, entre las que destacaba la necesidad de revisar los estímulos y el salario de los docentes de educación superior, entre otras cosas, para favorecer la jubilación, pues el actual sistema sólo toma en cuenta el sueldo tabular para la pensión. Parte de la solución sería pagar a los académicos lo que merecen.

Juan Fidel Zorrila Alcalá, también del IISUE, indicó que la negativa a retirarse ha generado un envejecimiento de la planta académica –la mayoría de los profesores de tiempo completo tiene más de 50 años– y el cierre de oportunidades para las nuevas generaciones.

Sin embargo, dijo, la jubilación es sólo una de las manifestaciones del problema de la profesionalización de la docencia en la educación media superior y superior. No se han renovado las contrataciones para personal de tiempo completo; tenemos que resolver cuántos profesores se necesitan, en qué condiciones y de qué manera participarán en los diferentes programas.

El investigador advirtió que la problemática varía de acuerdo con cada institución y entidad federativa, por lo que la solución no puede ser homogénea.

La investigación del FCCT indica que de los 18 mil 475 miembros del SNI, 766 (4.15 por ciento) tienen 70 años o más, y el presupuesto de ese sistema para cubrir sus estímulos es de 662 millones 275 mil 313 pesos anuales (6.14 por ciento de los recursos totales para los miembros del SNI).