El trabajo por el reconocimiento y la valoración del trabajo doméstico aún tiene largo camino por recorrer. Por un lado, los patrones se resisten a formalizar las relaciones laborales, para evitar las obligaciones que ello representa (pago de seguridad social y prestaciones, por ejemplo) y, por otro, las empleadas del hogar prefieren continuar en la informalidad y aceptar pagos ínfimos, sin ningún tipo de protección, y no perder el trabajo.

Este lunes, en el contexto de la celebración del Día Internacional del Trabajo Doméstico, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) lanza la campaña Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, para generar conciencia en los empleadores, anunció Marcelina Bautista, responsable de dicho centro y activista por los derechos de ese sector.

El trabajo con empleadores va encaminado a que se reconozcan como tales. Nosotros promovemos un contrato de trabajo, pero los patrones lejos de leerlo y ver sus ventajas se asustan. No se dan cuenta que se trata de establecer una relación laboral que rija el cumplimiento de ambas partes, apuntó en entrevista.

Trabajadoras o de la familia

En el trabajo doméstico, acusó, prevalece un doble discurso en el que con el pretexto de que las empleadas son como de la familia, no se respetan horarios de jornada laboral, por ejemplo; pero sí, en cambio, les dan comida diferente a la del resto de la familia. A un integrante de tu familia no le haces eso; es un trato diferenciado que parte de la discriminación, denunció.

El CACEH es una agrupación que desde hace más de una década capacita a trabajadoras del hogar sobre sus derechos humanos y laborales, además de impulsar la regulación del trabajo doméstico mediante varias propuestas de modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que han sido rechazadas por la Cámara de Diputados en las últimas cuatro legislaturas.

También impulsó la firma del Convenio 189 y la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos, que México avaló en junio de 2011, junto con otros países del mundo. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno federal no ha ratificado ninguno de estos instrumentos internacionales.

Se calcula que en México cerca de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico como actividad económica.