Por tercera ocasión en seis meses, fracasaron las investigaciones que efectuó la Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración de Marisela Morales Ibáñez. El pasado 13 de julio fue puesto en libertad el teniente coronel Manuel Cícero Salazar, ex director de la policía operativa de Coahuila, quien fue acusado de formar parte de una red de protección a miembros del crimen organizado en esa entidad.

Funcionarios del gobierno federal revelaron que el ex mando policiaco, acusado de proteger a integrantes del cartel de Los Zetas, quedó en libertad porque el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, determinó que no había pruebas suficientes para ­procesarlo.

Ante esa decisión judicial, el Ministerio Público Federal solicitó al juzgado que decretara la posibilidad de poder ejercitar acción penal nuevamente contra Cícero Salazar, y por ello quedó libre bajo reservas de ley, luego de un año y cinco meses de estar preso en el Centro Federal de Readaptación Social 1, conocido como El Altiplano.

Cícero Salazar fue detenido en febrero de 2012, al igual que la ex subdelegada de la PGR en Coahuila, Claudia González López; el ex coordinador de la Unidad Especializada de Investigación y Seguridad Inmediata de esa entidad, Sergio Tobías Salas, y el agente Julio César Ruiz Esquivel.

El militar fue aprehendido el 17 de febrero en Chetumal, Quintana Roo, donde fue subsecretario de Seguridad Pública, antes de ocupar un cargo público en Coahuila. En febrero de 2012, la entonces procuradora Morales declaró que la ex subdelegada “es­taba (en una lista de pagos interceptada a integrantes de Los Zetas) junto con otras personas (...) ella sí era una de las personas que estaban protegiendo a Los Zetas”.

Morales dijo que la aprehensión del militar y de González López había sido una investigación importante que llevó a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy Seido).

Este es el tercer caso importante en el cual las acusaciones de la PGR no son acreditadas. Las anteriores acusaciones que resultaron falsas, fueron en contra de cinco mandos del Ejército, entre ellos el general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, y el segundo, fue en contra de Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Siedo. A todos los acusó de proteger las acciones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.