os servicios de seguridad de las antiguas repúblicas soviéticas, como es sabido, tienen el mismo origen: el KGB, siglas en ruso del todopoderoso y desaparecido Comité de Seguridad del Estado, lo cual propicia una inconfesable colaboración entre ellos, a excepción de los países que se distanciaron de Rusia.

Esta ayuda se da entre la otrora metrópoli encarnada por Rusia y la periferia eslava y centroasiática, en primer término. No se trata, en este caso, de intercambiar información confidencial para afrontar los desafíos comunes o de realizar algún operativo conjunto.

Es una acción encubierta mucho más delicada y sucede, ante la mirada connivente del país anfitrión, al margen de la ley. Nunca es reconocida de modo oficial, pero se practica cada vez más.

Se trata del secuestro de opositores por comandos de los servicios de seguridad en territorio de otros países, lo que conlleva –según reciente denuncia de Amnistía Internacional– tratos vejatorios y tortura en su país de origen.

Ningún político que haya huido por no estar de acuerdo con los gobernantes autoritarios de Asia central, sobre todo de Uzbekistán y Tayikistán, puede sentirse protegido en Rusia, incluso si hubiera obtenido asilo.

Un buen día, más bien malo, puede desaparecer en cualquier calle de Moscú u otras ciudades rusas y no regresar jamás a su vivienda. Meses después alguien lo verá en alguna cárcel uzbeka o tayika, condenado a largas penas por delitos no cometidos, arrancada la confesión mediante tortura.

Por lo común, el servicio de seguridad del país donde se efectúa el secuestro, aquí en Rusia el FSB (Servicio Federal de Seguridad), presta todo el apoyo logístico y deja que los otros hagan el trabajo sucio.

Los secuestros en territorio ruso por comandos extranjeros son una violación a la soberanía del país, pero las autoridades fingen no ver nada porque, de acuerdo con el pacto de los servicios de seguridad, el FSB hace lo mismo en los países vecinos respecto a opositores rusos que ahí se refugian.

Lo confirma el secuestro en Kiev, la capital de Ucrania, de Leonid Razvozhayev, militante del Frente de Izquierda y secretario del diputado Ilia Ponomariov, que había escapado al país colindante, tras ser exhibido por televisión, con un video de dudosa procedencia, como organizador de disturbios masivos en Moscú, financiados supuestamente con dinero foráneo.

Un comando del FSB subió por la fuerza a un vehículo a Razvozhayev, junto a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, donde tenía pensado pedir protección. Días después la procuraduría rusa lo presentó en Moscú y dijo que se entregó voluntariamente.

Razvozhayev, en prisión preventiva, en espera de varios juicios por negarse a incriminar a Ponomariov, al comparecer ante los medios alcanzó a gritar que lo secuestraron y torturaron.