Madrid, 19 de julio.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, solicitó un informe a los técnicos del Ministerio de Hacienda sobre las obligaciones fiscales del conservador Partido Popular (PP) desde 2007, tras la decisión de abrir una investigación sobre presuntos delitos al erario del partido gobernante.

El magistrado tiene ahora nuevos datos, sobre todo lo que ha aportado el ex tesorero del PP durante dos décadas Luis Bárcenas, quien está actualmente en prisión pero en su última declaración entregó numerosas pruebas sobre el presunto financiamiento irregular del partido, el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos y sobresueldos opacos a sus principales dirigentes políticos.

El llamado caso Bárcenas está tomando un cariz nuevo desde que el ex tesorero confesó algunas prácticas habituales de su partido y, lo más importante, entregó un soporte informático con la contabilidad secreta y nueve carpetas organizadas, en las que registró todos los ingresos, egresos, donaciones, pagos, contratos y hasta nombres de los destinatarios de los sobresueldos ilegales, entre los que se encuentra el actual presidente, Mariano Rajoy.

Rajoy, en el centro de la trama

El mandatario español está en el centro de la trama, tanto porque él nombró y ratificó a Bárcenas en su cargo como por las supuestas irregularidades en las que incurrió cuando era ministro durante la legislatura del ex presidente José María Aznar.

Pese a la gravedad de las acusaciones y de las manifestaciones en todo el país que exigen su dimisión o, al menos, que comparezca y dé la cara, Rajoy permanece en silencio, parapetado en su residencia oficial y protegido por la mayoría absoluta de su partido, que le bloquea cualquier petición de comparecencia en el Congreso.

En este contexto, Ruz abrió hoy una nueva y novedosa vía de investigación: el supuesto delito fiscal del PP como institución. Ello podría suponer un revés judicial más al partido de la derecha española, que en meses recientes ha copando los medios de comunicación con sus escándalos de corrupción, tráfico de influencias, hurto al erario y abuso de poder.

Además, el juez presentó ante la fiscalía una pregunta por escrito. Consulta al órgano competente –el fiscal– si procede citar a declarar a Rajoy como testigo, así como a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también implicada en diversos casos concretos de financiamiento ilegal.