Autoridades federales y estatales se negaron nuevamente a iniciar el procedimiento para emitir una alerta de género en el estado de México, pese al reclamo de organizaciones civiles para que se atiendan los casos de feminicidios ocurridos en esa entidad.

Este viernes sesionó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), encabezado por la Secretaría de Gobernación (SG) y en el que participan y votan los representantes de los institutos de las mujeres de cada estado, entre otras instancias del Ejecutivo federal.

No hubo información oficial del encuentro, aunque funcionarios presentes en la cita que duró más de cuatro horas indicaron que por 33 votos en contra y tres a favor se ratificó la negativa de iniciar una investigación que derivara en alerta de género. Sólo apoyaron la iniciativa Oaxaca, Guerrero y Baja California.

Las fuentes consultadas por este diario explicaron que la reunión de ayer fue para fundar y motivar la resolución pasada que determinó la no existencia de elementos suficientes para avanzar hacia una alerta de género en el estado de México. Lo anterior se deriva de un amparo promovido por organizaciones no gubernamentales a esta persistente negativa de la autoridad, pese a que los asesinatos y el nivel de violencia en contra de las mujeres es un fenómeno al alza.

Con la decisión, el sistema demostró su falta de responsabilidad para proteger y garantizar la integridad y la seguridad de las mujeres, consideró el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

En un comunicado, la organización informó que durante la sesión el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del estado de México “justificó que ya no tiene sentido decretar la alerta de género debido a que de 2005 a 2010 no existía el tipo penal y por ello consideraron imposible saber cuántos de los asesinatos eran feminicidios”.

El OCNF y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos no pidieron acreditar los feminicidios, sino investigar 922 casos en los que hubo uso excesivo de la fuerza física (estrangulamiento, golpes, asfixia, mutilación, quemaduras, entre otros) para quitarle la vida a una mujer y solicitaron revisar los expedientes de 500 casos en los que se desconocían a los agresores y seguían en proceso de investigación, precisó.

En sesiones anteriores, se- gún información recabada, los integrantes de este sistema han argumentado que la ley y el reglamento en la materia son insuficientes para imponer una orden a las entidades federativas.

Tras los encuentros, algunos asistentes reconocieron extraoficialmente que “hay manejo político del entramado legal porque los gobernadores cabildean con los institutos de las mujeres para que voten en contra del inicio de estos procedimientos, por lo que es necesario una reforma al reglamento para que se asegure la emisión de recomendaciones con base en las cuales se atienda de manera efectiva el problema de los feminicidios”.

En tanto, afuera de la SG un colectivo denominado Bordamos feminicidios colocaron mantas en la reja de esta dependencia, en las que se cuenta la historia de las mujeres asesinadas cuyos casos, en todo el país, siguen impunes.

En los retazos de tela, bordados a mano con hilo rojo y púrpura, se leen casos cuyo común denominador es que los agresores, muchas veces las parejas de las víctimas, intentaron hacer pasar estas muertes como producto de la acción de la delincuencia organizada.

Las historias fueron bordadas en primera persona: “Estoy desaparecida desde el 8-8-2011. No llegué a la prepa en Cuautitlán. Tenía 16 años... Soy Verónica Morales López. Fui asesinada a manos de mi esposo, frente a mis dos hijos. 24-12-2012. Amor a ellos... Nadie sabe mi nombre. Me hallaron en el río San Cipriano de Nacajuca. Me habían violado y estrangulado unos seis días antes. Me lastimaron mucho, mucho... Mi nombre es Mariana Lima Buendía. Fui ahorcada el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, estado de México, por mi esposo Julio César Hernández Bonilla, judicial. La fiscal de feminicidios no quiso tomar mi caso, así que sigue impune y mi agresor, libre... Soy Gumesinda Ramales Alarcón. Tenía 15 años y no quise besarlo así que me mató en mi casa y me dejó en la calle 19-10-07”.