La agricultura industrial en México  es insostenible, se requiere un nuevo modelo con base en la soberanía alimentaria y la autosuficiencia en los cultivos básicos, señalaron organizaciones campesinas que entregarán al gobierno federal una agenda común para la firma de un pacto rural que determine un cambio de fondo en las políticas agroalimentarias, pesqueras y forestales.

A la conferencia de prensa, en la que presentaron ayer por la mañana el documento, acudieron representantes del Congreso Agrario Permanente (CAP), el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) y el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), quienes destacaron su disposición al diálogo con otras agrupaciones.

Pidieron al gobierno que asuma con seriedad y responsabilidad la propuesta y que las reconozca como interlocutores válidos. Demandaron que entienda que el diálogo y la negociación de un cambio de fondo en las políticas hacia el campo no es una concesión graciosa, sino una obligación del gobierno.

El coordinador en turno del CAP, Max Correa, llamó a la Presidencia de la República; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al PRI, PAN y PRD a retomar el diálogo para concretar el Pacto por el Campo Mexicano. Aseguró que las organizaciones campesinas se encuentran unidas y con agenda programática para potenciar la productividad rural.

En el documento plantean que se comprometen a coadyuvar y pactar la transición de fondo de la política pública del campo mexicano; crear una instancia de diálogo, negociación y seguimiento entre gobierno federal y bloques campesinos; promover el aumento de la producción de alimentos básicos, la conservación del medio ambiente y su sustentabilidad, para reducir la pobreza, y contribuir a la gobernabilidad democrática del país.

Proponen cinco puntos principales en el pacto: soberanía alimentaria y fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina, que plantea la restructuración de fondo del Programa Especial Concurrente; desarrollo social y combate a la pobreza, que incluye el mejoramiento de los ingresos, de la alimentación, servicios de salud, educación, vivienda e infraestructura comunitaria; manejo sustentable de recursos naturales, de tierras y territorios; financiamiento público, reforma financiera, crédito y ahorro para la agricultura campesina; equidad, libertades democráticas y fortalecimiento de derechos humanos; derechos campesinos y de pueblos indígenas.