Durante el sexenio de Felipe Calderón, los periodistas y los trabajadores de los medios en general se vieron expuestos a gran cantidad de agresiones, tanto del gobierno como de los grupos de la delincuencia organizada, lo que convirtió a dicha administración en el periodo más violento para la prensa en la historia moderna del país.

Así lo indicó el informe ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la libertad de expresión 2012, elaborado por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en el cual se documenta un total de 258 agresiones contra comunicadores durante el último año del gobierno calderonista, que van desde asesinatos y desapariciones forzadas, hasta amenazas y ataques armados contra instalaciones de medios.

En el documento, de 186 páginas, se subraya que quienes ejercen el periodismo o se encuentran vinculados al ciclo de la información fueron un sector altamente vulnerado en sus derechos fundamentales, en medio de un contexto general de violencia desmedida, donde el Estado fue incapaz de garantizar seguridad y justicia.

Aunque uno de los agresores más contundentes de la prensa fue el crimen organizado, indicó el informe, los agentes del Estado también participaron de esa dinámica, tanto para agredir de forma directa a los comunicadores como para negarles protección y no garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, lo cual generó un clima de impunidad.

De las agresiones contra periodistas ocurridas en 2012, detalló el análisis de Cencos, ocho fueron asesinatos (6 en Veracruz, uno en Puebla y otro en Sonora) y 4 casos de desaparición (2 en Veracruz, uno en San Luis Potosí y otro en Tamaulipas), como parte de un fenómeno constante de violencia que duró todo el sexenio anterior, cuando hubo 60 homicidios en total y 15 desapariciones.

Aunque Veracruz fue el estado donde ocurrieron más agresiones graves contra comunicadores en 2012, la entidad con mayor número de ataques en general fue la ciudad de México, con 41 casos, seguida de Oaxaca (35), el propio Veracruz (23), Baja California (16), Michoacán (12), Puebla (11), Coahuila (11), Tamaulipas (10) y Sonora (10).

Asimismo, el informe detalló que el 58 por ciento de las 133 agresiones físicas cometidas el año pasado fueron responsabilidad de servidores públicos, sobre todo de agentes de policías municipales, seguidos por la policía estatal y grupos de civiles particulares.

También se registraron siete ataques contra instalaciones de medios informativos, 41 amenazas directas, 33 detenciones arbitrarias, 32 actos de intimidación, cuatro de difamación y tres de secuestro.

De igual manera, se identificó que la mayoría de los incidentes violentos afectan a los medios estatales y municipales, en particular a los reporteros de las fuentes policiaca o de seguridad, quienes son las víctimas del 67 por ciento de los casos.

Esas agresiones extremas han contribuido a crear un clima de angustia y zozobra permanente que ha llegado a provocar el abandono de la profesión o el éxodo masivo de periodistas, en un contexto enrarecido entre otro factores por el uso predominante de la fuerza militar en la ofensiva gubernamental contra la delincuencia organizada, indicó Cencos.

Luego de denunciar la respuesta aislada e ineficiente del gobierno ante este fenómeno de violencia, el informe lanza una serie de recomendaciones, entre ellas hacer un diagnóstico serio de la causa de las agresiones, capacitar a funcionarios para atender los casos, aumentar penas y multas contra los atacantes y otorgar ayuda integral a los periodistas y sus familias ante un caso de violencia.