Tras agotar los recursos de ley para lograr que se emita la declaratoria de alerta de género en el estado de México –sin obtener resultados favorables, pese a que un juzgado así lo ordenó desde mayo pasado–, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Ocnf) y otras organizaciones civiles demandaron la intervención del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que exhorte al gobierno de Enrique Peña Nieto a proceder en consecuencia.

Informaron lo anterior María de la Luz Estrada, coordinadora del Ocnf; Marcela Lagarde, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres; Agnieszka Raczynska, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos todos los Derechos para Todas y Todos, y Octavo Amezcua, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).

En conferencia de prensa acusaron a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de incumplir una sentencia judicial definitiva que en mayo pasado ordenó al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Snpasevm) sesionar para abordar la procedencia de la declaratoria de alerta de género en esa entidad.

Se espera que mañana sesione nuevamente dicho sistema para abordar el asunto, sin que hasta el momento el Inmujeres, encabezado por Lorena Cruz, haya generado las condiciones necesarias para el análisis del tema, además de que no cuenta con un método claro e imparcial para motivar y fundar la negativa, destacó Estrada.

La alerta de género se ha negado desde hace dos años en el estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador y Lorena Cruz responsable de las políticas estatales de género, recordó.

Estrada destacó que México ocupa el tercer lugar en feminicidios a escala mundial, y que cinco años después de haberse creado el mecanismo para proteger a las mujeres, la alerta no se ha podido activar en ninguna entidad donde se ha requerido, porque los partidos lo han politizado. Los estados en que se ha solicitado su aplicación son Oaxaca, Guanajuato, estado de México, Nuevo León e Hidalgo.

Raczynska manifestó que los 73 organismos de derechos humanos que integran la red comparten su preocupación por la ineficacia de la autoridades para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano ante la ONU, para proteger los derechos humanos de la población, y en especial de las mujeres.

Indicó que en los últimos cinco años las acciones del gobierno mexicano han sido revisadas por varios mecanismos de la ONU, en los cuales han destacado diversas recomendaciones vinculadas con el tema de la violencia contra las mujeres.

No sólo son las voces nacionales, también las de la comunidad internacional las que expresan su preocupación porque México es conocido como un país donde las mujeres son asesinadas y donde las autoridades omiten abordar de manera eficaz la violencia contra el sector, indicó Raczynska.

Lagarde, quien propuso la creación de la alerta de género, destacó que la impunidad provoca que se reproduzca la violencia y lamentó que las autoridades locales y federales se resistan a declarar dicho mecanismo.

El propósito de la alerta es precisamente acortar el ciclo de la impunidad y que las autoridades actúen con presteza y apego a la ley, para iniciar de inmediato la búsqueda de niñas y mujeres cuando han desaparecido o son víctimas de trata, o bien para evitar que sean asesinadas, lo cual ocurre debido a la dilación con que actúan los ministerios públicos, dijo.