Uno de los lugares más vigilado del Distrito Federal es sin duda la calle Madero, en el Centro Histórico, cuyo tránsito es sólo peatonal. Sin embargo, la presencia de la policía ha derivado en amagos y actos de corrupción contra los paseantes, que son acusados de violar la Ley de Cultura Cívica y tienen que pagar multas hasta de más de mil pesos

En esta calle, que va de la Plaza de la Constitución hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas, se contaron 28 elementos de las policías auxiliar, preventiva y de tránsito, sin considerar al menos ocho uniformados de la bancaria e industrial, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que resguardan establecimientos como joyerías y casas de cambio ubicadas sobre esa calle.

Al mediodía de ayer, un ciclista que atravesaba caminando Madero con su bicicleta, fue requerido por dos policías de la policía auxiliar, del agrupamiento 52. Le dijeron que lo trasladarían al juzgado cívico por obstruir la vía pública.

El joven, sorprendido, preguntó cómo es que obstruía la calle, si lo único que hacía era atravesar al otro lado de la calle Isabel La Católica.

Los policías insistieron en que estaba prohibido por la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal cruzar Madero en bicicleta. Enojado, el joven contestó que él no iba en el vehículo y que sólo pasaba al otro lado de la calle.

La discusión prosiguió con amagos sobre la multa que tendría que pagar. El ciclista insistió en que le mostrara el artículo que prohibía cruzar la calle peatonal caminando al lado de una bicicleta. Como esto no sucedió, el joven, molesto, sin mayor explicación, se dio la vuelta y continuó su camino. Los uniformados se miraron con resignación, sin dar un paso o evitar que se fuera.

En un ejercicio de observación se pudo constatar que los policías, apostados en pares en cada esquina y sobre el arrollo peatonal, se acercan continuamente a los peatones. La mayoría de los casos, la conversación dura alrededor de 10 minutos hasta que finalmente es liberado. Uno de ellos, quien fue requerido por tirar basura, tras platicar con los uniformados continuó caminando con ellos por varias calles, hasta perderse de vista.

En mayo pasado, este diario publicó el caso de un estudiante que fue detenido por tirar una colilla de cigarro. Tras amenazarlo con que tendría que pagar el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o sería sujeto a arresto de 13 a 24 horas, es decir, 704 a mil 280 pesos, el joven pagó 150 pesos a los policías, quienes lo trasladaron hasta la esquina del Eje Central Lázaro Cárdenas, frente a Bellas Artes, para recibir el dinero.

Asimismo, en enero de este año, dos activistas y su abogado dieron testimonio a este diario sobre su detención en Madero, por repartir volantes sobre una campaña para adoptar y cuidar animales.

En esa ocasión, las mujeres fueron rodeadas por varios elementos y trasladadas al juzgado cívico de la coordinación territorial CUH4, ubicada en República de Brasil y República de Paraguay.

Las afectadas narraron que en todo momento pidieron que se les informara de qué eran acusadas; nunca recibieron respuestas concretas. Sin embargo, se les tomaron huellas dactilares, fotografías y les pidieron firmar.

Tras la intervención de su abogado, a las mujeres se les entregó un acuerdo de improcedencia, ya que la autoridad encuentró que la conducta desplegada no era constitutiva de un hecho, acto u omisión sancionable por esta autoridad.