Es necesario que el sector ciencia y tecnología, representado por universidades e institutos de investigación, se involucre en los procesos de normalización técnica para que más empresas mexicanas, principalmente las de menor tamaño, puedan acceder a certificaciones que les permitan ser competitivas y tener acceso a más mercados, sostuvo el presidente de Normex, Jaime González Basurto.

En entrevista, el directivo señaló que la falta de acceso a dichos procesos de certificación está dejando a buena parte de la planta productiva mexicana, en especial a las empresas de menor tamaño, sin posibilidades de competir con compañías grandes o de ser sus proveedoras.

Consideró que las instituciones de ciencia y tecnología del país miden la efectividad de sus políticas con base en el número y calidad de publicaciones científicas, así como por sus desarrollos tecnológicos, representados por el número de patentes. Sin embargo, criticó que dejan de lado su participación en la normalización técnica, aunque México está siguiendo la vertiente industrial de la manufactura y no la de innovación de productos. Una patente no necesariamente es un producto que se lleva al mercado, dijo.

Precisó que los estándares de calidad en el país se llaman normas técnicas, las cuales a veces son confundidas con las regulaciones técnicas, que se denominan Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y que son obligatorias.

Indicó que la mercancía que se vende en México proveniente del exterior no puede ser muy vigilada por los tratados de libre comercio que se han firmado, pero en cambio las normas internas se están convirtiendo en barreras técnicas para eliminar la competencia interna.

Señaló que los grandes grupos industriales nacionales participan en los comités de normalización con más abogados que técnicos o científicos, porque van a defender sus intereses, no a tratar de elevar la calidad de sus productos, lo cual es preocupante, advirtió.

De acuerdo con el dirigente, en México existen empresas que tratan de imponer sus estándares para hacer que las normas que son voluntarias se vuelvan obligatorias, pero utilizando sus propios parámetros. Entonces en los comités de normalización envían a sus abogados y en lugar de que las discusiones sean de tipo técnico científico son sobre las normativas y la legislación, y son más bien de tipo jurídico que técnicas.