La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por unanimidad, el dictamen que reforma la Constitución para facultar al Congreso a legislar en materia de registro público inmobiliario de personas morales de entidades federativas y los catastros municipales.

De acuerdo con el dictamen, se adiciona la fracción vigésimo novena R al artículo 73 de la Carta Magna, con lo cual se da facultades al Congreso para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de los catastros.

El presidente de la comisión referida, el perredista Julio César Moreno Rivera, indicó que las modificaciones que hicieron a la minuta del Senado tienen el propósito de incidir en políticas públicas orientadas al desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda en el país.

Se trata, dijo, de fortalecer la institución catastral y reforzar a las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios dentro de un marco de seguridad jurídica de la propiedad.

Dicho dictamen se presentará para su eventual aprobación en el periodo extraordinario de sesiones que inicia en la Cámara de Diputados este 16 de julio, junto con otras reformas vinculadas con la deuda y disciplina financiera de estados y municipios, y con el Código de Procedimientos Penales Único.

En entrevista, Moreno Rivera comentó que con el dictamen aprobado se busca modernizar (a través de la digitalización y otras medidas), el registro público y los catastros de estados y municipios, de manera que los gobiernos locales tengan mayor control de las contribuciones que ingresan a sus arcas.

La Cámara expedirá una ley general que homologue todo lo referente a los registros públicos, pues a la fecha cada estado procede según su libre albedrío.

Previó que favorecerá un incremento en el impuesto predial en estados y municipios donde el cobro es muy bajo, porque no existe un registro, ni se tienen mecanismos que clarifiquen las actividades inmobiliarias y ejercicios de compraventas.

El incremento en el cobro del impuesto, dijo, será autonomía de cada estado. Nada tiene que ver con la ley general que emitirá el Congreso para homologar procedimientos.

–Si los gobiernos locales tienen ingresos propios, ¿las participaciones federales tendrían que reducirse?

–Por supuesto, así es. Lo importante es que sí subirían estos ingresos que prácticamente van a las arcas locales.

En el dictamen se establece que se creará un consejo que fijará una normatividad hacia el interior y donde participarían por mayoría estados y municipios. El consejo emitirá criterios que tendrán que adecuarse a la ley y a la Constitución mexicana.