Ciudad del Vaticano, 11 de julio.

El papa Francisco aprobó este jueves una reforma del código penal del Vaticano, la primera en más de 80 años, que señala que la violencia sexual contra los niños es un delito, fortalece las medidas represivas en caso de corrupción y lavado de dinero y sanciona severamente al personal que filtre información.

Un motu proprio, es decir un decreto por iniciativa propia, firmado por el Papa argentino, tiene el objetivo de ajustar a los parámetros internacionales el sistema penal del Vaticano, que se remontaba a 1929, año de la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Jorge Mario Bergoglio derogó la pena de cadena perpetua, que será sustituida por la reclusión a 30 o a 35 años.

Incorporó a las leyes vaticanas diversos crímenes reconocidos por las convenciones internacionales, como la tortura, el genocidio y la discriminación racial, e incluye el conjunto de la categoría de los delitos contra los menores: la venta, la prostitución, el alistamiento y el violencia sexual contra ellos, la pedopornografía, la posesión de material pedopornográfico y los actos sexuales con menores.

Por tanto, la violencia sexual, y los actos sexuales con niños y la prostitución y pornografía infantiles se incluyen en una definición más amplia de la categoría de crímenes contra menores y serán punibles hasta con 12 años de prisión.

Aunque el Papa afirma seguir los pasos de su predecesor, la adopción de esta reforma representa un cambio en relación con las acciones emprendidas por Benedicto XVI, que se centró principalmente en el saneamiento interno de la Iglesia y de las diócesis mediante la destitución de obispos y sacerdotes, y alentando la cooperación con las autoridades judiciales civiles.

En abril pasado, el papa Francisco pidió que se actúe con determinación contra los abusos sexuales cometidos por el clero. Era la primera vez que el Papa argentino se expresaba pública y directamente sobre los abusos sufridos durante décadas por decenas de miles de niños.

Para la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP), el nuevo código penal es bueno para la imagen del Vaticano, pero malo para la seguridad de los niños, ya que éste dará una falsa impresión de reformas (...) La jerarquía de la Iglesia no necesita nuevas leyes, sólo aplicar la legislación existente en la sociedad civil.

En cambio, la organización Terre des Hommes se alegró de que el Vaticano subsane un gran retraso no sólo condenando estas violaciones, sino haciendo un crimen (de ellas) en su propio sistema jurídico.

Las nuevas normas, que entrarán en vigor el primero de septiembre, se aplican a todos los integrantes de la curia, así como al personal diplomático y a todos los empleados de organismos y de instituciones vinculadas con el Vaticano.

La nueva legislación también prevé la posibilidad de que los tribunales del Vaticano juzguen delitos cometidos contra la seguridad, los intereses fundamentales y el patrimonio del Estado.

La divulgación de información confidencial será también castigada de forma más severa en caso de que los documentos sean considerados importantes, con penas de hasta ocho años de cárcel.

El Vaticano fue sacudido el año pasado con las filtraciones que se conocieron en el escándalo Vatileaks, por el cual el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, fue condenado por robar documentos papales personales y divulgarlos a los medios. El empleado fue perdonado por Joseph Ratzinger luego de una corta estadía en prisión.

Algunos de los documentos conocidos como Vatileaks denuncian casos de corrupción en los acuerdos comerciales del Vaticano con empresas italianas, relacionados con el pago de precios inflados por trabajos.

Otros apuntan a rivalidades entre cardenales y enfrentamientos por la gestión del banco vaticano, conocido como Instituto para Obras de Religión (IOR).

Francisco recibió de su antecesor un informe secreto sobre las filtraciones de documentos internos en los que había acusaciones de corrupción, mala administración y disputas intestinas en el Vaticano.

El motu proprio del Papa revisa también la definición de los delitos contra la administración pública en relación con la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la corrupción, que prevé penas más severas. Se establecen sanciones administrativas y económicas para las entidades cuyos organismos o empleados cometan actividades criminales.

Con su motu proprio, Francisco dijo que deseaba renovar el compromiso del Estado con las convenciones internacionales contra delitos como el lavado de dinero y el terrorismo. Se refuerzan los poderes de los tribunales del Vaticano en materia de confiscación y embargo preventivo de bienes.

Habrá extradición

El texto de Franciso contempla también la extradición y la obligación de cooperación judicial internacional para las instituciones vaticanas.

El Papa empezó en las últimas semanas a retomar el control del controvertido banco del Vaticano, involucrado en escándalos por sospechas de blanqueo.

Antes de una reforma prevista del IOR, Franciso nombró una comisión de investigación con la que se reunió el miércoles por la noche en el Vaticano para animarla en sus trabajos, según el Osservatore Romano.

Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunal de Ciudad del Vaticano, afirmó que el sistema penal del pequeño Estado –basado en códigos penales italianos de entre 1889 y 1913– fue actualizado para lidiar con delitos más modernos.

El problema del lavado de dinero sucio es evidentemente un problema relacionado, por un lado, con la globalización de la económía, y por el otro, con la expansión de cierto tipo de economía financiera, apuntó.

Recientemente, Francisco, elegido papa en marzo pasado, designó un comité asesor de cardenales de todo el mundo para reforma a la curia.