La devolución del dictamen sobre gastos de las campañas de 2012 a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) pretende modificaciones en los criterios de prorrateo aplicados.

Entre dichos criterios destaca que las erogaciones no reportadas de un partido o coalición que beneficien más de una campaña se distribuyan de manera igualitaria, no conforme al prorrateo de gastos que señalaron los partidos en sus informes.

De acuerdo con el artículo 177 del reglamento de fiscalización, cuando un gasto centralizado beneficie más de una campaña, 50 por ciento de esa erogación se distribuye de manera igualitaria entre todos los candidatos favorecidos (lo cual ocurrirá ahora con el total del gasto no reportado). El restante se distribuirá como determinen los partidos o coaliciones de manera discrecional, que en el caso del PRI fue de uno por ciento para su abanderado presidencial, y 99 por ciento para el resto de los candidatos.

Un segundo objetivo de la devolución es que para algunas irregularidades detectadas en el manejo financiero de la coalición de izquierda, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, se desprenderán del dictamen consolidado (no se incluirán por ahora), y con ellas se empezará un procedimiento oficioso para determinar tanto la naturaleza de esas erogaciones como un eventual incumplimiento de la norma.

En tercer lugar, en los casos donde se detectó que las campañas involucradas abarcaban las de abanderados locales, se determinó que se dividirá el gasto, y sólo en el caso de lo que corresponda a erogaciones para la contienda federal se aplicará el criterio de prorrateo del artículo 177 mencionado.

Otra motivación de la prórroga se asocia a excluir del dictamen los recursos reportados por el Instituto Electoral del Estado de México, para que se incluyeran en el gasto de la campaña presidencial de López Obrador, a fin de iniciar otro procedimiento oficioso para que el Movimiento Progresista pueda explicar ese gasto.

Finalmente, la última razón para diferir la votación de ayer se asocia a que la Unidad de Fiscalización debe explicar con mayor claridad por qué consideró improcedente la reclasificación del gasto de las campañas del Movimiento Progresista en algunos rubros, para aclarar las objeciones de los partidos que la conformaron.