En contra del derecho humano al agua, ya establecido en la Constitución, en la Cámara de Diputados se estudia una iniciativa que busca dejar la puerta abierta a la participación privada y convierte el líquido en un objeto de lucro, advirtieron expertos.

La iniciativa que modifica el artículo 28 constitucional cambia el carácter de estratégico de las aguas nacionales por prioritario, lo cual degrada la categoría actual del recurso y con ello el sector privado puede participar en la organización, se analogaría el carácter del agua a los ferrocarriles y las telecomunicaciones, donde la rectoría del Estado ha perdido el dominio, sostuvo Nathalie Seguín, de la Red de Acción por el Agua.

Además, esta iniciativa, que envió hace siete años el entonces senador panista Francisco Fernández de Cevallos, va en sentido contrario de la reforma que se hizo en 2012 al artículo cuarto de la Constitución, el cual ya reconoce como derecho humano el acceso a agua. Este artículo indica textualmente: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Agrega que el Estado garantizará este derecho y definirá las bases para el acceso y uso sustentable de los recursos hídricos con la participación de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía.

Pedro Moctezuma, del programa de investigación Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostuvo que se debe establecer la Ley General de Aguas, la cual corresponde a la reforma del artículo constitucional, porque el cambio al artículo 28 que está a discusión en la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convierte al agua en un objeto de lucro para intereses de corporaciones extranjeras, que lejos de contribuir al bienestar de los mexicanos extraen recursos que transfieren al exterior.

Consideró que hay experiencias como la de Aguas de Saltillo, donde la población local ha enfrentado tarifas irracionales que no toman en cuenta los derechos ni los trabajos de las comunidades para contar con acceso al agua, además de que debilitan a los gobiernos locales y su autonomía.

Un problema, apuntó, son las concesiones que se otorgan a empresas refresqueras, mineras, entre otras, que hacen un uso masivo de este bien para obtener ganancias extraordinarias, de espaldas a las carencias, escasez y necesidades de los mexicanos. El agua, apuntó, es un bien común y el Estado debe garantizar un mínimo vital para cada familia, de acuerdo a las condiciones de cada cuenca.