El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de carecer de una política de defensa de los derechos de los migrantes frente a las implicaciones de la reforma migratoria de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, su dirigente nacional, Martí Batres, dijo que Peña Nieto guarda silencio sobre este tema, mientras está muy activo viajando por Europa para entregar el petróleo mexicano.

Acompañado de la secretaria general de Morena, Bertha Luján, y del subsecretario de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, José Jacques, así como de la activista Elvira Arellano –quienes denunciaron que Estados Unidos diariamente deporta mil 400 migrantes–, anunció que presentarán por escrito un extrañamiento a las autoridades correspondientes ante la ausencia del gobierno federal en el debate en defensa de los connacionales.

Consideró que la reforma estadunidense está muy por debajo de las expectativas, es contradictoria y además reincide en la violación de derechos de los mexicanos; está condicionada a tiempos, pago de impuestos y al no ejercicio de derechos sociales.

Por tanto, nos unimos a las voces de los mexicanos que en Estados Unidos demandan el reconocimiento de todos sus derechos, la representación del interés social y, por supuesto, las autoridades del país vecino escuchen su voz, señaló Batres.

José Jacques, en tanto, resaltó que en la reforma migratoria no hay un solo párrafo dedicado a resolver el problema de fondo de la migración; no hay nada para el desarrollo de los países de origen de este fenómeno.

Destacó que las prioridades de la reforma son principalmente el control fronterizo y la mano de obra temporal, según las necesidades de las corporaciones estadunidenses.

A su vez, Elvira Arellano, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, estimó que durante la administración del presidente Barack Obama por lo menos 200 mil niños nacidos en aquel país han sido obligados a retornar a los lugares de origen de sus padres, una vez que éstos son deportados. Advirtió que los progenitores de 5 millones de menores más son sujetos de que se les aplique la medida.